RADIO EN VIVO
Donald Trump promulga ley Laken Riley para detener a indocumentados con ciertos antecedentes delictivos. Además, presidente anuncia centro de detención en Guantánamo para 30 mil migrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley Laken Riley, una legislación que concede a las autoridades federales mayores facultades para deportar a inmigrantes en situación irregular que hayan sido acusados de delitos. Durante la ceremonia de firma, también anunció su intención de trasladar a los “criminales extranjeros más peligrosos” a un centro de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Esta ley, respaldada por ambos partidos y la primera aprobada en el segundo mandato de Trump, recibe su nombre en honor a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada el año anterior por un inmigrante venezolano que residía indocumentado en el país.
Durante el evento, Trump destacó la bondad y calidez de Riley, señalando que la promulgación de la ley era un homenaje a su memoria, aunque lamentó que fuera necesario llegar a este punto.
Trump reiteró su compromiso de aumentar las deportaciones, pero expresó dudas sobre la eficacia de repatriar a algunos indocumentados con antecedentes penales, ya que temía que sus países de origen no los retuvieran. Por ello, afirmó que serían enviados a Guantánamo, donde se dispondría de 30.000 camas para albergar a los “peores criminales extranjeros”.
Poco después, la Casa Blanca confirmó la firma de un memorando presidencial sobre Guantánamo, el cual, según Trump, duplicaría la capacidad de detención de Estados Unidos y convertiría la instalación en un lugar del que sería difícil escapar.
En declaraciones posteriores, la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que se estaban ampliando las instalaciones y que el gobierno buscaría financiamiento a través de los proyectos presupuestarios en consideración por el Congreso. Tom Homan, responsable de la frontera en el gobierno, afirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) gestionaría el centro en Cuba y que allí se recluiría a los criminales más peligrosos.
Sin embargo, los detalles del plan de Trump no estaban completamente definidos. La base de Guantánamo ha sido utilizada durante años para la detención de sospechosos de terrorismo y, en el pasado, también ha servido como centro de operaciones migratorias para migrantes haitianos y cubanos.
Cuba, que rechaza el arrendamiento de Guantánamo por parte de Estados Unidos, criticó duramente la propuesta. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la medida como un “acto de brutalidad”, mientras que el canciller Bruno Rodríguez denunció que el plan evidenciaba un “desprecio por la condición humana y el derecho internacional”.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 2008 que los detenidos en Guantánamo bajo la acusación de ser combatientes enemigos tenían derecho a impugnar su detención ante un tribunal federal, pero no resolvió si el presidente tenía autoridad para encarcelar personas en esa instalación. Antes del mandato de Trump, los expresidentes Barack Obama y Joe Biden habían reducido el número de detenidos por sospechas de terrorismo en Guantánamo.
El asesinato de Laken Riley ocurrió en febrero de 2024, cuando la joven fue atacada mientras corría. Su agresor, José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano en situación irregular, fue declarado culpable en noviembre y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Ibarra había sido detenido en Texas en 2022 por ingreso ilegal, pero fue liberado para continuar su proceso migratorio. Posteriormente, fue arrestado en Nueva York en 2023 por poner en peligro a un menor y nuevamente liberado. Meses después, recibió una orden de comparecencia por robo en tiendas en Georgia.
La Ley Laken Riley fue aprobada rápidamente por el Congreso, de mayoría republicana, con cierto respaldo demócrata. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han alertado que podría generar redadas masivas, incluso por delitos menores. Para los conservadores, la medida representa un símbolo importante en la política migratoria de Trump. Sin embargo, sus críticos la consideran una acción oportunista que podría fomentar el caos sin abordar eficazmente el problema del crimen o la reforma migratoria.
Bajo esta legislación, los inmigrantes arrestados o acusados de delitos como robo o agresión a un agente de policía serán detenidos obligatoriamente, y los fiscales estatales podrán demandar al gobierno federal por daños causados por decisiones de inmigración, lo que podría dar a los estados conservadores mayor influencia en la política migratoria nacional.
La constitucionalidad de la ley ha sido cuestionada, y grupos defensores de los inmigrantes se preparan para una oleada de detenciones. Naureen Shah, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), acusó a los partidarios de la medida de utilizarla para impulsar una agenda de deportación masiva. La ACLU advirtió que la legislación podría permitir detenciones prolongadas de personas que, en algunos casos, solo fueron acusadas de delitos menores en el pasado.
Hannah Flamm, del Proyecto de Asistencia al Refugiado Internacional, denunció que la ley vulnera los derechos fundamentales de los inmigrantes al permitir la detención de personas sin condena judicial. «El temor de parecer débil en el tema del crimen se ha convertido en una estrategia para confundir la inmigración con el crimen», explicó. Finalmente, subrayó que la ley, aunque presentada como respuesta a una tragedia, es en realidad un pretexto para fortalecer un sistema de deportación masiva.
Madre de Laken Riley se pronuncia
En la ceremonia de firma de la ley estuvo presente la madre de la joven, quien fue asesinada por un inmigrante.
Durante el evento, Allyson Phillips, madre de Laken Riley, manifestó su agradecimiento por el compromiso del presidente con la seguridad fronteriza. “Prometió que no olvidaría a Laken y ha cumplido su palabra”, expresó. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban importantes figuras republicanas y el senador demócrata John Fetterman, copatrocinador de la ley.
Phillips también resaltó el papel fundamental de su fe cristiana en su proceso de duelo. “Gracias a Jesús, tenemos la certeza de que volveremos a ver a Laken”, afirmó. Aunque el dolor por la pérdida de su hija es irreparable, espera que su historia ayude a prevenir otras tragedias.
Cabe destacar que el caso de Laken Riley avivó el debate nacional sobre inmigración y seguridad pública en Estados Unidos.
