Gobernador firma ley que obliga entregar indocumentados a autoridades. Defensores de inmigrantes afirman que decisión alimenta miedo y duda en la comunidad.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, firmó una ley que obliga a la policía a informar y entregar a las autoridades de inmigración a una persona bajo su custodia, cuando sospechen que se encuentra en Estados Unidos sin permiso.
La Ley HB 1105 aprobada por la Legislatura del estado exige que las cárceles retengan a cualquier persona sospechosa de estar en el país de forma irregular, y que sea entregada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Asimismo, las cárceles ahora deberán revisar el estatus migratorio de los internos y presentar una solicitud para ayudar a aplicar la ley migratoria federal. Anteriormente, la ley de Georgia únicamente alentaba a los funcionarios a hacerlo, pero según la nueva ley, será un delito no revisar el estatus migratorio “deliberada e intencionadamente”. También negaría financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperen.
En una norma separada (SB 63), se exige fianza en efectivo para otros 30 delitos e impide que personas y fondos de fianzas de beneficencia puedan pagar la fianza de más de tres personas al año, a menos que cumplan los requisitos para convertirse en una empresa de fianzas. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio.
Los republicanos dijeron que el proyecto de ley SB 63 del Senado, que requiere la fianza en efectivo mencionada, es necesario para mantener a los delincuentes tras las rejas, a pesar de que socava los cambios que el exgobernador Nathan Deal promovió en 2018 para permitir a los jueces liberar a la mayoría de las personas acusadas de delitos menores sin necesidad de fianza.
“Demasiadas veces hemos visto que algunas de nuestras ciudades o condados han sido una puerta giratoria con delincuentes”, comentó el vicegobernador republicano Burt Jones.
Los partidarios de la medida señalaron que los jueces aún tendrán facultades discrecionales para establecer fianzas muy bajas. Una parte independiente de la reforma de 2018 que requiere que los jueces consideren la capacidad de alguien para pagar seguiría siendo ley.
Pero la medida podría dejar a los acusados pobres tras las rejas cuando estén acusados de delitos por los cuales es poco probable que vayan a prisión, y agravar con ello el hacinamiento en las cárceles condales de Georgia.
Las iniciativas cobraron impulso tras la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley, quien fue asesinada el pasado 22 de febrero mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia (UGA) en la ciudad de Athens.
El venezolano José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado como sospechoso del asesinato de la joven estudiante de 22 años, y su hermano, Diego Ibarra, de 29 años, también fue detenido por presentar una tarjeta de residencia falsa al ser cuestionado por la policía en medio de la investigación. Diego Ibarra ha sido vinculado con la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua.
José Antonio Ibarra ingresó por la frontera con México en 2022 como parte de la ola masiva de migrantes que han llegado al país para solicitar asilo.
“Si ingresa ilegalmente a nuestro país y continúa cometiendo más crímenes en nuestras comunidades, no permitiremos que sus crímenes queden sin respuesta”, declaró Kemp antes de firmar el proyecto de ley.
Defensores de los inmigrantes se han opuesto a la legislación, porque consideran que la medida ha alimentado el “miedo» y la «duda” en esta comunidad, lo que impide que sus miembros colaboren con la policía y denuncien delitos de los que son víctimas.
La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos realizó una manifestación frente al Capitolio de Georgia para protestar por la firma del proyecto de ley, informó el rotativo.
La muerte de Riley agitó el debate migratorio a nivel nacional, lo que provocó que Kemp y los republicanos de los comités judiciales del Congreso exigieran a la Casa Blanca informes sobre el estatus migratorio de Ibarra y por qué había sido dejado en libertad.
En marzo pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto llamado Ley Laken Riley que exige a ICE detener y deportar a inmigrantes que han cometido delitos menores.
MÉXICO SE PRONUNCIA
A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México compartió un comunicado en el que acepta su preocupación ante la Ley aprobada en Georgia, pues consideran que buscan intensificar la cooperación entre autoridades federales y locales en asuntos migratorios.
“Esta legislación podría tener graves consecuencias que incluyen la separación de familias, prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial, así como la potencial disminución de las denuncias en las agencias de orden público por el temor a repercusiones migratorias”, dijo la SRE.
Por esta razón hicieron un llamado para que la ciudadanía que se encuentra en Georgia pueda comunicarse con el Consulado General de México, esto ante alguna eventualidad
Por último, la SRE dejó en claro que la comunidad migrante en Georgia conforma el 11% de la población total.
“La comunidad mexicana es fundamental para el estado de Georgia, en donde los hispanos constituyen más del 11 por ciento de la población total. Esta comunidad juega un papel crucial en el fortalecimiento de la economía local”, detallaron.
