Corte bloquea de forma temporal ley que castiga traslado de indocumentados. Decisión impide que se ejecute parte de normativa SB 1718 en Texas.
Un juez federal bloqueó temporalmente una parte de la dura ley antiinmigrante de Florida que penaliza el transporte al estado de cualquier persona que carezca de estatus migratorio legal.
La Sección 10 de la SB 1718 ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados -tanto ciudadanos como no ciudadanos- en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar a Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida, incluso por actos simples como llevar a un miembro de la familia a una cita médica o irse de vacaciones en familia.
Tras la entrada en vigor de esta ley el 1 julio del año pasado, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida demandó al estado, alegando que la ley era inconstitucional.
La organización afirmó que sus miembros se verían separados de sus familias, no podrían acudir a citas médicas para salvar sus vidas y se les impediría conducir hasta las agencias de inmigración que supervisan sus casos. Se arriesgaban a ir a la cárcel si lo hacían.
El juez del caso, Roy K. Altman, de la corte del distrito Sur de Florida, rechazó el argumento de los demandantes de que la ley era inconstitucionalmente vaga, pero se mostró convencido de que, al penalizar el transporte de inmigrantes indocumentados, el Estado estaba usurpando la autoridad federal en materia de inmigración.
La ley SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de inmigrantes indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
La SB 1718 también “hace que sea una violación de la ley estatal que cualquier persona a sabiendas emplee, contrate, reclute, por sí mismo o por cuenta ajena, para un empleo público o privado a un extranjero que no está autorizado para trabajar en Estados Unidos a partir del 1 de julio de 2023”, advierten en un folleto el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Con la aprobación de esta ley, promulgada el 10 de mayo de 2023 por el gobernador Ron DeSantis, Florida se convirtió en el estado con la ley migratoria más antiinmigrante de Estados Unidos.
Además, inmigrantes y empleadores advirtieron que la nueva legislación causaría daños importantes a la economía del estado, ya que influía para que un porcentaje importante de la fuerza laboral indocumentada, sobre todo agrícola, huyera hacia otros estados en busca de un mínimo de seguridad para no ser detenida y puesta en proceso de deportación.
En 2023 la asociación de trabajadores agrícolas estimó que en Florida había unos 800,000 trabajadores del campo, la mayoría provenientes de México y Centroamérica.
Varias organizaciones de protección de los derechos humanos y civiles de los migrantes ya habían alertado de la gravedad de la implementación de la SB 1718 en Florida.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalaron que la legislación disuadirá a las víctimas de crímenes de ponerse en contacto con la policía para denunciar crímenes o buscar atención médica ante el riesgo de que les pidan o pregunten sobre sus estados migratorios, los arresten y les inicien un proceso para ser expulsados de Estados Unidos.
“LEY INSENSIBLE E INCONSTITUCIONAL”
Por ello, la decisión de bloquear parte de la ley temporalmente fue bien recibida por grupos que defienden a los indocumentados.
“El tribunal hizo bien en bloquear esta ley insensible y claramente inconstitucional, que había amenazado a los floridanos con penas de cárcel por hacer las cosas más cotidianas, como ir a trabajar, visitar a la familia y llevar a los niños a los partidos de fútbol. Esta sentencia es una importante victoria para las comunidades de Florida”, comentó Spencer Amdur, abogado senior del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Esta es una victoria muy necesaria para los floridanos. Durante demasiado tiempo, nuestro estado ha impuesto un aluvión de leyes y políticas antiinmigrantes que perjudican tanto a los ciudadanos como a los no ciudadanos. Esta orden reconoce el daño irreparable que la SB 1718 está causando a los inmigrantes, a las familias y a sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del gobierno federal para someterlos a un cruel castigo penal sin un aviso justo”, apuntó Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida en un comunicado.
En el mismo sentido se pronunció Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración: “Este fallo significa libertad frente al miedo y mayor seguridad para las familias y comunidades de color en Florida”. Winger comentó además que “a medida que los estados de todo el país aprueban cada vez más leyes injustas e inconstitucionales que afectan a las personas debido a su estatus migratorio, es fundamental que nuestros tribunales establezcan un precedente para proteger a estas familias en riesgo”.
Finalmente, Anne Janet Hernandez, abogada supervisora principal del Southern Poverty Law Center (SPLC), comentó que “estamos satisfechos con la decisión del tribunal de bloquear temporalmente la implementación de la disposición de transporte de la SB 1718 hasta que se resuelva nuestra demanda”. “Esta ley es inconstitucional y pone a nuestros demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en riesgo de arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar”, concluyó.
