DHS anuncia modificaciones al dificultar el obtener asilo y acelerar deportaciones. Cambios son parte de estrategia de Casa Blanca para reducir crisis en frontera sur.
El gobierno de Joe Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder discrecional a los agentes federales de inmigración para que rechacen peticiones y aceleren las deportaciones.
«Esta regla permitiría al DHS (Departamento de Seguridad Nacional -DHS-) expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública», dijo la oficina en un comunicado esta tarde.
Los cambios, que se venían estudiando desde hace meses y que fueron reconocidos por Biden durante una entrevista exclusiva con la cadena Univision en marzo, forman parte de una estrategia de la Casa Blanca para reducir la crisis en la frontera sur, que en los últimos tres años registra cifras históricas de detenciones (hallazgos), deportaciones, referidos a los tribunales de inmigración y cruces ilegales exitosos.
La crisis, además, ha puesto en evidencia la falta de capacidad de respuesta del gobierno federal para el manejo de más de 6 millones de detenciones en la frontera, donde en la mayoría de los casos los extranjeros vienen huyendo de sus países por diversas causas y buscan asilo en Estados Unidos.
El DHS también dijo que la ley federal «prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos».
Agregó que si bien se detiene a cualquier persona que se considere que representa una amenaza para la seguridad pública, «la determinación de elegibilidad para el asilo no se toma actualmente hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión». Pero la norma propuesta hoy «permitirá a los funcionarios de asilo considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de temor creíble, que ocurre pocos días después de que se encuentra a una persona».
Reportes de prensa señalaron que el gobierno se preparaba para anunciar los cambios a la política de asilo en la frontera sur de Estados Unidos con México y acelerar los procesos de expulsión de extranjeros sin una causa legal para permanecer en el país.
Los cambios fueron anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página digital. La nueva regla permite a los agentes federales de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) determinar si una persona tiene o no una causa de asilo o bien decidir si el individuo detenido representa una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
«La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. “Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Si la decisión lleva a negar la entrada, se procederá a la deportación expedita del extranjero. Los casos en los cuales el agente determina que existe una probable causa de miedo creíble, serán atendidos por un agente de asilo del servicio de inmigración quien luego decidirá si refiere o no el caso a un tribunal de inmigración.
La ley y reglamentos vigentes señalaban que, si un individuo solicita asilo y expresa miedo creíble, el caso es referido a un juez de inmigración, quien decidirá su futuro en el país.
La Corte de Inmigración (EOIR) tiene más de 3.4 millones de casos acumulados y en promedio cada expediente demora entre 3 y 4 años en ser resuelto o completar el debido proceso.
La nueva norma de asilo también detalla que el DHS continúa “haciendo cumplir la regla de Elusión de Vías Legales (CLP)”, herramienta que “incentiva el uso de procesos ordenados e impone consecuencias más rápidas para quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), una de las 23 agencias que operan bajo el mando del DHS, emitió también este jueves una guía revisada para los funcionarios de asilo “para considerar si un solicitante de asilo podría razonablemente reubicarse en otra parte del país donde se teme persecución al evaluar los reclamos de persecución futura en todos los casos de temor creíble”.
“La reubicación interna siempre ha sido parte de un análisis de futuras reclamaciones por daños, y esta nueva guía, consistente con la regla CLP, garantizará la identificación y expulsión temprana de las personas que, en última instancia, no serían elegibles para recibir protección debido a su capacidad para permanecer seguras. reubicándose en otro lugar del país del que huyeron”, precisó.
Abogados dijeron que el anuncio era esperado en cualquier momento. “Porque el gobierno estaba bajo mucha presión para detener la crisis de casos de asilo que estamos viendo en la frontera desde hace varios años”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Lo que tenemos que ver ahora es que el gobierno, con estos cambios, no comience a negar casos y aumentar las deportaciones de manera injusta, que las modificaciones afecten a gente que tal vez tenga un caso viable para pedir asilo en Estados Unidos”, agregó. “Hay que impedir deportaciones masivas injustas”.
Por su parte, Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración, dijo que la nueva regla para rechazar más rápidamente el asilo de algunos inmigrantes poco después de cruzar la frontera “es mucho más limitado que las ideas anteriores que se plantearon anteriormente, como una acción ejecutiva que impida a ciertas personas incluso ingresar a Estados Unidos”. Y advirtió que la medida será “impugnado ante los tribunales de justicia”.
Si bien los cambios aparentemente abordarán cuándo se puede determinar que los solicitantes de asilo no son elegibles para recibir asilo, Yale-Loher precisó que las prohibiciones autorizadas durante la etapa inicial de evaluación del miedo creíble serán tema de una disputa judicial.
“La administración Biden está entre la espada y la pared. Cualquier cosa que la administración intente hacer en materia de inmigración será impugnada en los tribunales. Pero el público exige cambios en materia de inmigración. La administración Biden parece condenada si intenta hacer algo para resolver la crisis fronteriza y condenada si no lo hace”, advirtió.
¿CIERRE DE FRONTERA?
Medios locales reportaron que Biden planeaba utilizar el poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello frenar el cruce de inmigrantes indocumentados desde el lado mexicano. Pero los planes se estaban demorando más de la cuenta.
Si bien desde marzo se ha registrado una leve baja en los hallazgos por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera, la cantidad de hallazgos o detenciones en lo que va del año fiscal son motivo de preocupaciones tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Por su parte, los republicanos no ceden en su estrategia de convertir el tema de la inmigración en pieza clave de la elección de noviembre, donde Biden se enfrentará nuevamente a Donald Trump, quien ha prometido restablecer su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ desde el primer día si gana los comicios.
Además de cambios a la política de asilo, el presidente también tiene entre las probabilidades el cierre de la frontera. En marzo, durante una entrevista exclusiva con Televisa Univision, Biden dijo que había sugerido a sus principales asesores el uso del poder ejecutivo firmando un decreto que incluya un cierre de la frontera para detener el cruce ilegal de extranjeros.
“Sugerí eso”, afirmó. “Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación”, agregó y explicó que el cierre se produciría “cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla”.
