Colombia, Panamá y EE.UU. se unen para mitigar la migración por el Darién. En declaración conjunta, apuntan combatir trata de personas y mejorar mecanismos de control.
Se desarrolló una reunión entre Colombia, Panamá y Estados Unidos en la que se trató la crisis de migración ilegal que afecta a los tres países. Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo, que explicó que en la III Reunión del Mecanismo Tripartito Colombia buscó reafirmar su compromiso para que “el fenómeno migratorio se gestione de manera humana, ordenada, regular y segura, siempre con plena garantía de derechos”.
A la reunión, que se llevó a cabo en Cartagena, aparte de la delegación colombiana encabezada por el canciller Luis Gilberto Murillo, asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro N. Mayorkas, que destacaron la importancia de que la migración irregular se aborde desde un enfoque multidimensional y de derechos humanos.
Entre los avances para afrontar la crisis migratoria se destacó que Colombia ha regularizado 2.5 millones de migrantes venezolanos, también la flexibilidad de regularización para venezolanos que no se encuentran cubiertos por el Estatuto Temporal de Protección, las Oficinas de Movilidad Segura para otorgar el acceso para migrantes a Estados Unidos y los esfuerzos conjuntos para abordar la trata de personas en la región del Darién.
De acuerdo con un documento que compartió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, “los tres gobiernos reconocen las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales, que se lucran de la explotación de los migrantes”, razón por la que se comprometieron a identificar mecanismos que permitan el desmantelamiento de dichas redes y lograr la captura de este tipo de delincuentes como, por ejemplo, fortalecer la cooperación para desarticular las redes de trata y tráfico de migrantes, mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables.
En cuanto al flujo de migrantes irregulares que transitan entre la frontera que comparten Colombia y Panamá, en la reunión se estableció que involucran poblaciones de más de 90 nacionales que ingresan a la región a través de terceros países, por lo que se buscará un diálogo con dichos Estados “para aumentar alternativas seguras, ordenadas y humanas que reduzcan la migración irregular”.
Otro de los temas que preocupó a las delegaciones que se reunieron en Cartagena fue el de la protección de los ecosistemas que comparten Colombia y Panamá, por lo que se le solicitó a Estados Unidos que se comprometa a fortalecer la cooperación para el desarrollo de comunidades locales asentadas en la frontera ubicada en el tapón del Darién.
Por otro lado, dada la necesidad de ampliar mecanismos de protección de las poblaciones migrantes basados en los derechos humanos, “los tres países expresan su voluntad de fortalecer las políticas migratorias que respaldan los esfuerzos de regularización e integración socioeconómica de los migrantes; promover y respetar las vías migratorias regulares; impulsar acciones que protejan a los migrantes en condición de vulnerabilidad”.
Por último, como una medida para tomar acciones “concretas y realistas” que permitan fortalecer la presencia estatal de Colombia y Panamá en la frontera, se comprometieron a mejorar los mecanismos de control y regulación; como también, el intercambio de información y la verificación de identidad de los migrantes.
Con el fin de lograr que los compromisos se puedan llevar a cabo, los jefes de las diferentes delegaciones solicitaron a las autoridades competentes en materia migratoria de cada país mantener una reunión técnica, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha, para que “elaboren y presenten un cronograma y plan de ejecución con actividades que construyan sobre el avance que han hecho los tres países con acciones concretas.
COMIENZA DEPORTACIÓN
Recientemente, el primer vuelo, financiado por Estados Unidos, de migrantes deportados desde Panamá aterrizó en Medellín con 28 ciudadanos colombianos a bordo, entre ellos un presunto integrante del Clan del Golfo, todos con antecedentes penales y detenidos después de haber cruzado la selva que conecta a los dos países. El vuelo, según las autoridades panameñas, es el inicio de una nueva –y endurecida– estrategia del Gobierno de José Raúl Mulino para reducir el incontenible flujo de personas que se adentran en el inhóspito Tapón del Darién, la inmensa mayoría con Estados Unidos como destino final. Sin embargo, Migración Colombia ha calificado el hecho de “rutinario”.
Estos vuelos son parte de un acuerdo entre funcionarios de los dos países tras la llegada al poder de Mulino, hace menos de dos meses. También marcan una nueva forma de abordar la migración, que se ha convertido en un espinoso tema en la campaña que enfrenta al expresidente republicano Donald Trump con la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.
El paso de migrantes por la selvática frontera del Darién entre Colombia y Panamá –un terreno empinado y resbaladizo con ríos caudalosos– se ha convertido en una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos, pero también migrantes de otros continentes como Asia y África, arriesgan sus vidas en esas peligrosas rutas, expuestos a todo tipo de abusos de grupos criminales, como han documentado diversas organizaciones de derechos humanos.
El cruce por la otrora inexpugnable ruta ha roto todos los registros en los últimos años. Más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, cruzaron en 2021. La cifra saltó a 250.000 en 2022, con un incremento de venezolanos y ecuatorianos. Y más de medio millón se aventuró el año pasado, la mayoría venezolanos –hasta 60%, según Panamá–, lo que hace aún más complejo el escenario ante la crisis poselectoral de Venezuela, que puede provocar nuevas oleadas migratorias.
Solo en lo que va de 2024 se ha registrado el paso de más de 230.000 personas y en lo que va del mes de agosto la cifra ya pasa los 8.000 casos, de acuerdo con el director del Servicio Nacional de Migración panameño, Roger Mojica. Según el funcionario, el acuerdo con Washington permite la deportación de todas las personas que ingresen de forma irregular a Panamá, y no solo a las que tienen antecedentes penales. En otras palabras, de todos los que crucen por el Darién. Del lado colombiano, el Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico, domina el tráfico de migrantes, que le proporciona millonarios recursos. Del panameño, Mulino ha insistido en la idea de “cerrar” el Darién desde la propia campaña que lo llevó al poder. Su química con el Gobierno vecino de Gustavo Petro estará en gran medida determinada por la manera de abordar el flujo masivo por la inhóspita selva que separa a los dos países.
