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Juez bloquea de forma temporal orden de Trump que ponía fin a ciudadanía por nacimiento. Gobierno asegura que apelará el fallo.
Un magistrado federal de distrito en Seattle, Oregon, impidió de manera temporal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, en contra de la ciudadanía por nacimiento, lo que se prevé como una extensa lucha jurídica en torno a la agenda de la nueva Administración.
Esta decisión bloquea la entrada en vigor de la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump durante 14 días, a la espera de más detalles sobre una orden preliminar destinada a bloquear de manera duradera la orden ejecutiva mientras el conflicto persiste.
El juicio se prolongó durante 25 minutos y John C. Coughenour, juez de distrito, emitió su veredicto desde el banquillo. Era evidente que había decidido acerca del tema antes de la misma.
“Llevo más de cuatro décadas en el banquillo”, Coughenour, designado por Ronald Reagan, declaró. “No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como ésta. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional”.
El suceso ocurre cuando cuatro estados (Washington, Arizona, Illinois y Oregon) trataron de impedir la orden antes de su implementación prevista para el final de febrero.
Es uno de los cinco litigios interpuestos por fiscales generales demócratas y entidades de protección de los derechos de los inmigrantes que cuestionan la orden, que busca restringir la ciudadanía automática por derecho de nacimiento a los descendientes de ciudadanos estadounidenses y titulares de residencia, por considerarla inconstitucional.
Se ha creído durante mucho tiempo que la 14a Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía automática a cualquier individuo nacido en territorio estadounidense, a excepción de los descendientes de diplomáticos foráneos. Como reacción a la sentencia Dred Scott de 1857 emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos, que argumentaba que los individuos que provienen de esclavos no son ciudadanos, la enmienda se inicia con la expresión: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residan”.
“El presidente Trump y el Gobierno federal ahora buscan imponer una versión moderna de Dred Scott”, escribieron los letrados que abogan por los cuatro estados. “Pero nada en la Constitución otorga al presidente, las agencias federales o cualquier otra persona la autoridad para imponer condiciones a la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos”.
Si la orden de Trump se pone en práctica, generaría que los estados demandantes pierdan recursos federales que respaldan programas como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), sostuvieron los letrados. Además de las «grandes pérdidas económicas», los estados deberían asumir de inmediato la responsabilidad de modificar la gestión de esos programas para considerar el cambio, agregaron los demandantes.
“En ausencia de una orden de restricción temporal, los niños nacidos en Estados Unidos pronto se convertirán en indocumentados, sujetos a expulsión o detención, y muchos apátridas”, indicaron los abogados. “Se les negará el derecho a viajar libremente y a volver a entrar en Estados Unidos. Perderán su capacidad para obtener un número de la Seguridad Social (SSN) y trabajar legalmente cuando crezcan. Se les negará el derecho a votar, a formar parte de jurados y a presentarse a determinados cargos. Y serán colocados en posiciones de inestabilidad e inseguridad como parte de una nueva subclase creada por el presidente en Estados Unidos”.
En sus exposiciones, los letrados del Departamento de Justicia garantizaron a Coughenour que la orden ejecutiva relacionada con la ciudadanía por derecho de nacimiento es un «componente esencial» de los intentos de Trump para «enfrentar el sistema de inmigración fracturado de este país y la crisis actual en la frontera sur». No solo Trump posee el poder de dictar la orden, sostuvieron, sino que los estados no poseen la legitimidad para impugnar basándose en sus presuntos daños económicos.
“Un tercero, incluido un estado, no tiene ningún interés legalmente reconocible en el reconocimiento de la ciudadanía por parte del Gobierno federal de un individuo en particular, y mucho menos en los beneficios o cargas económicas que son totalmente colaterales al estatus de ciudadanía”, redactó Brad Rosenberg, letrado del Departamento de Justicia.
Aunque la mayoría de la exposición del Departamento de Justicia se enfocó en razones técnicas de por qué los estados no pueden interponer demandas, Rosenberg anticipó algunos de los argumentos que podrían surgir a medida que estos y otros casos progresan: cómo, según el Departamento de Justicia, los tribunales han malinterpretado la 14a Enmienda durante más de un siglo.
“Una amplia evidencia histórica demuestra que los hijos de extranjeros no residentes están sujetos a potencias extranjeras y, por tanto, no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y no tienen derecho constitucional a la ciudadanía por derecho de nacimiento”, puntualizó Rosenberg.
Finalmente, es posible que el caso sea llevado hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Donald Trump: Vamos a apelar
Como respuesta a la resolución del juez Coughenour, Trump aseguró que su Gobierno apelará a la decisión, aunque no reveló los argumentos que emplearía para respaldar su polémica orden. Además, un portavoz del recién creado departamento de Justicia se pronunció sobre la postura del presidente, agregando que los integrantes del Gobierno de Trump «defenderán con fervor» la política del republicano.
«Esperamos presentar una argumentación completa sobre el fondo de la cuestión ante el tribunal y ante el pueblo estadounidense, que está desesperado porque se apliquen las leyes de nuestra nación», señaló el portavoz.
Es importante resaltar que la medida despojaría de su nacionalidad a aproximadamente 150.000 nacidos anuales, de acuerdo con proyecciones del Partido Demócrata.
