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La segunda administración de Donald Trump ha comenzado esta semana en Chicago una nueva batalla contra las políticas del movimiento «santuario» en Estados Unidos. Este movimiento, que surgió en la década de 1980 con el fin de proteger a los refugiados centroamericanos, se ha expandido a varias ciudades y estados en todo el país, ofreciendo un refugio seguro a migrantes, independientemente de su estatus migratorio. En esta ocasión, Trump busca limitar el acceso de recursos federales a las jurisdicciones que apoyan estas políticas, como Chicago e Illinois, que enfrentan su primera demanda judicial de la administración Trump.
La guerra contra el movimiento «santuario»
Las ciudades y condados santuario son aquellos que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otras autoridades federales encargadas de la migración. En algunos casos, estas jurisdicciones se niegan a detener a inmigrantes sin una orden judicial o a colaborar en los procesos de deportación. El objetivo de estas políticas es proteger a los migrantes, en su mayoría indocumentados, de acciones federales que podrían llevar a su expulsión del país.
Chicago es una de las ciudades que ha implementado las políticas más sólidas de protección a los migrantes dentro del movimiento santuario. En 1985, bajo el liderazgo del entonces alcalde Harold Washington, la ciudad adoptó una orden ejecutiva que prohibía la cooperación de la policía local con ICE. A lo largo de los años, la ciudad ha fortalecido sus políticas de protección, especialmente después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017.
El estado de Illinois, por su parte, también ha implementado políticas similares. En 2011, el condado de Cook, donde se encuentra Chicago, dejó de colaborar con las solicitudes de ICE para prolongar la detención de migrantes en las cárceles locales sin una orden judicial. Estas políticas de «santuario» han sido vistas por muchos como una manera de garantizar la seguridad y bienestar de los inmigrantes, sin temor a que su estatus migratorio se convierta en una barrera para acceder a servicios y protecciones.
WILL OLIVER/EFE
La demanda judicial de la administración Trump
La administración de Trump ha emprendido una demanda judicial contra Chicago e Illinois, argumentando que las leyes que protegen a los inmigrantes son inconstitucionales, ya que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración. A través de esta demanda, el Departamento de Justicia (DOJ) solicita a un juez federal que bloquee la implementación de las leyes locales que limitan la cooperación con ICE, argumentando que estas políticas violan la autoridad federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha pedido que se suspendan los fondos federales a las ciudades santuario como Chicago, hasta que se revise y se tomen decisiones sobre la legalidad de estas políticas. Aunque un intento similar de la administración Trump fue rechazado por los tribunales en 2020, ahora el presidente cuenta con un poder judicial más alineado con sus políticas, lo que aumenta las posibilidades de éxito en este nuevo intento.
La ley de santuario de Illinois y su defensa
En Illinois, la Ley de Confianza del Estado (TRUST), promulgada en 2017, es un ejemplo clave de las políticas de «santuario» que Trump busca impugnar. Esta ley prohíbe que las fuerzas del orden locales y estatales participen en tareas relacionadas con la inmigración, aunque permite la cooperación cuando se trata de una orden federal de carácter penal. Según la demanda del gobierno federal, esta ley y otras normativas similares están diseñadas para interferir con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha expresado su firme defensa de estas leyes, argumentando que son constitucionales y que están orientadas a priorizar los recursos policiales en la lucha contra el crimen. Además, Pritzker señaló que las políticas de Trump dificultan la protección de los residentes al crear divisiones innecesarias entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes. En este sentido, el gobernador acusó a Trump de hacer más difícil la labor de las autoridades locales al intentar usar la ley como un arma política.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también ha defendido el papel de la ciudad como un lugar seguro para los inmigrantes. Según Johnson, Chicago continuará siendo una ciudad acogedora para todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio. La seguridad de los habitantes de la ciudad sigue siendo su prioridad, y en este contexto, el alcalde ha subrayado que su administración buscará todas las vías legales posibles para defender las políticas que apoyan a los migrantes.
Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El contexto histórico y la evolución del movimiento santuario
El movimiento santuario comenzó en la década de 1980 en respuesta a la negativa del gobierno federal de otorgar asilo a los migrantes provenientes de Centroamérica, en su mayoría debido a los conflictos armados en la región. Durante este período, iglesias y comunidades en todo el suroeste de Estados Unidos se ofrecieron como refugios para los migrantes que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen.
El primer uso formal del término «santuario» se remonta a 1982, cuando varias iglesias se declararon abiertamente como refugios para los migrantes, brindándoles protección y ayudándoles a escapar de las políticas federales de deportación. Chicago adoptó esta práctica en 1985, cuando el entonces alcalde Harold Washington firmó una orden ejecutiva que prohibía la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias.
Desde entonces, el movimiento se ha expandido, y muchas ciudades, condados y estados en todo el país han implementado políticas similares para proteger a los inmigrantes. Los defensores de estas políticas argumentan que el acceso a servicios públicos y la seguridad en las comunidades no debe depender del estatus migratorio, y que todos los residentes deben sentirse protegidos y apoyados por las autoridades locales.
La respuesta del gobierno federal
La administración de Donald Trump ha sido un fuerte crítico del movimiento santuario desde su primer mandato. En 2017, Trump emitió una orden ejecutiva que condicionaba la entrega de fondos federales a las ciudades que implementaran políticas de santuario. Aunque ese intento fue frustrado en los tribunales, Trump continúa luchando contra lo que considera un obstáculo para la aplicación de las leyes de inmigración federales.
Durante su primer mandato, Trump también impugnó la ley de santuario de California, pero la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el caso en 2020. Ahora, con un poder judicial más favorable a sus políticas, Trump espera obtener resultados diferentes, especialmente con la renovación de su ofensiva contra las políticas de protección a los inmigrantes en varias jurisdicciones locales.
