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Trump y su impulso por expandir los poderes del Ejecutivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado su segundo mandato con una serie de órdenes ejecutivas que buscan ampliar significativamente los poderes del Ejecutivo, poniendo en duda la separación de poderes en el país y enfrentándose abiertamente con la Justicia. Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump ha firmado más de 60 órdenes ejecutivas, un número sin precedentes en las últimas cuatro décadas.
Estas órdenes incluyen medidas controvertidas como la revocación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, un derecho consagrado en la Constitución estadounidense, y la suspensión de nuevas solicitudes de asilo. Además, Trump ha congelado el gasto federal y cerrado varias agencias gubernamentales sin previo aviso al Congreso.
La estrategia de ‘inundar la zona’ y sus efectos
Según varios expertos legales, la avalancha de decretos firmados por Trump marca un cambio significativo en la concepción del poder presidencial en Estados Unidos. A diferencia de su primer mandato (2017-2021), en esta ocasión Trump ha adoptado una estrategia ideada por el ultraderechista Stephen K. Bannon, conocida como ‘flood the zone’ (inundar la zona). Esta táctica consiste en abrumar a la oposición política, a los medios de comunicación y a los jueces con una gran cantidad de acciones, dificultando que estos actores puedan reaccionar a tiempo.
Los demócratas, aunque están en desacuerdo con muchas de las medidas de Trump, no han logrado articular una respuesta efectiva debido a la falta de poder en Washington, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. De este modo, los jueces se han convertido en el principal obstáculo para Trump, bloqueando temporalmente algunas de sus medidas más polémicas. No obstante, el presidente no parece dispuesto a ceder y podría estar encaminándose hacia un choque directo con la judicatura, lo que podría llevar sus disputas hasta el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo y el poder presidencial de Trump
El Tribunal Supremo de Justicia de EE. UU. podría ser clave para el futuro de las medidas impulsadas por Trump. El presidente parte con una ventaja en el Supremo, ya que seis de los nueve jueces son conservadores, incluidos tres que él mismo designó durante su primer mandato. En 2024, el Tribunal Supremo ya falló a favor de otorgar una amplia inmunidad a Trump y a todos los futuros presidentes por sus acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión amplió enormemente el poder presidencial y fortaleció su capacidad para llevar a cabo su agenda sin restricciones judiciales.
Si el Tribunal Supremo respalda algunas de las medidas más radicales de Trump, el presidente podría consolidar su poder y transformar profundamente la administración pública, debilitando al Congreso y reduciendo las posibilidades de intervención judicial en sus decisiones.
La posibilidad de desobedecer fallos judiciales
Además de buscar el apoyo del Tribunal Supremo, Trump ha insinuado que podría negarse a acatar fallos judiciales que limiten su poder. En declaraciones recientes en el Despacho Oval, Trump criticó a los jueces que han fallado en su contra, sugiriendo que podrían tener que «revisarse» debido a sus decisiones. Aunque no detalló qué acciones tomaría, sus palabras aumentan las tensiones con el poder judicial.
El vicepresidente J.D. Vance también ha respaldado esta postura, declarando en X (anteriormente Twitter) que los jueces no tienen autoridad para controlar el poder legítimo del Ejecutivo. Por su parte, Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), también ha defendido la idea de que los jueces no deben ser capaces de detener las acciones presidenciales en todo el país, calificando la situación como incompatible con una verdadera democracia.
Un desafío histórico al poder judicial
El alcance de esta estrategia de desobedecer la Justicia es incierto, y sus consecuencias podrían ser graves. En teoría, un juez podría declarar a Trump en desacato por no acatar un fallo judicial, lo que podría derivar en cargos penales o civiles. Sin embargo, no está claro qué ocurriría si el presidente de Estados Unidos es quien desafía a los tribunales.
El precedente más cercano de este tipo de desafío se remonta a la presidencia de Andrew Jackson (1829-1837), quien en 1832 se enfrentó abiertamente al Tribunal Supremo, afirmando que «John Marshall ha tomado su decisión; ahora que la haga cumplir». Casi dos siglos después, Trump parece decidido a seguir este ejemplo, llevando el desafío a la Justicia aún más lejos.
Las posibles consecuencias para la democracia estadounidense
La estrategia de Trump de expandir los poderes del Ejecutivo y desafiar las decisiones judiciales podría tener implicaciones significativas para la democracia estadounidense. Si el presidente logra consolidar su poder y debilitar la capacidad del Congreso y la judicatura para frenar sus decisiones, esto podría transformar profundamente el sistema de gobierno en Estados Unidos. La separación de poderes, que ha sido una piedra angular de la Constitución de EE. UU., se vería comprometida, con la presidencia ganando un control más absoluto sobre las decisiones del país.
