El viernes, un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional un principio clave de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (conocido como Obamacare o ACA, por su sigla en inglés) que otorga a un grupo de trabajo sanitario la autoridad efectiva para exigir que las aseguradoras cubran una serie de intervenciones y pruebas preventivas y se abstengan de imponer gastos particulares por ellas.
La demanda se centraba en las objeciones de una coalición de pequeñas empresas de Texas al requisito de que cubrieran un medicamento para la prevención del VIH, conocido como PrEP, en sus planes de salud para empleados. Sin embargo, el tribunal de apelaciones no anuló el principio de Obamacare; las repercusiones prácticas e inmediatas de su fallo sólo se aplican de forma limitada a los demandantes en este caso.
Los expertos jurídicos esperan que el caso, Braidwood v. Becerra, avance en última instancia hasta la Corte Suprema, dado que plantea cuestiones cruciales sobre la constitucionalidad de la autoridad efectiva del grupo de trabajo sobre salud y la de otros organismos sanitarios federales. Además, el actual tribunal ha demostrado interés por los casos relativos a la delegación de autoridad del Congreso en agencias y expertos.
En respuesta a la sentencia dictada el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en New Orleans, los defensores de la salud pública expresaron su preocupación por el hecho de que, en caso de que la Corte Suprema anule finalmente la autoridad del grupo de trabajo, ello podría comprometer la ya de por sí lenta lucha contra el VIH en el país.
“Aunque preveíamos lo peor, por el momento las aseguradoras seguirán teniendo que cubrir los servicios preventivos, incluida la PrEP, salvo en el caso de los demandantes originales”, afirmó Carl Schmid, director ejecutivo del HIV+Hep Policy Institute de Washington D.C. Sin embargo, si finalmente se anula la autoridad del grupo de trabajo, Schmid afirmó que es probable que las aseguradoras impongan un reparto de los costos de la PrEP o que no cubran las formas más nuevas y caras del fármaco. Según sus previsiones, estas cargas reducirían el uso de la PrEP entre las personas con mayor riesgo de contraer el VIH.
Un juez federal del Distrito Norte de Texas revocó el mandato del grupo de trabajo en 2022, pero en 2023 el Quinto Circuito suspendió esa decisión y el viernes dictaminó que era excesivamente amplio.
El tribunal de apelaciones también ha pedido al tribunal inferior que revise la constitucionalidad de la autoridad otorgada a dos organismos del Departamento de Salud y Servicios Humanos para obligar a los seguros a cubrir las vacunas, los anticonceptivos y otros servicios preventivos para la mujer.
Richard Hughes, abogado de Epstein Becker Green en D.C., dijo que espera una apelación final de la demanda ante la Corte Suprema, porque “esencialmente ambas partes”, incluidos los demandantes y la Administración Biden, “van a estar insatisfechas”.
Hughes dijo que aún está por ver si las partes recurrirán a la Corte Suprema a corto plazo o esperarán a que la demanda se abra camino en los tribunales inferiores.
El grupo de trabajo sanitario
La ACA incluye una medida de protección del consumidor relativa al Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos (U.S. Preventive Services Task Force). Este grupo voluntario de expertos médicos emite directrices que califican la calidad de las pruebas que respaldan las intervenciones preventivas, como la profilaxis preexposición (PPrE) y los medicamentos para enfermedades cardiacas; el asesoramiento conductual para el consumo de sustancias; las pruebas de detección del cáncer; y las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual.
Según la ACA, las calificaciones A y B del grupo de trabajo exigen que la mayoría de los planes de seguros privados, además de los programas estatales de Medicaid que se ampliaron en virtud de la legislación, cubran la intervención o el cribado y no exijan que los asegurados paguen directo de su bolsillo.
Entre los demandantes en el caso resuelto el viernes figura un grupo de empresas cristianas de Texas, entre ellas Braidwood Management. Sus abogados argumentaron con éxito que, dado que los miembros del grupo de trabajo no son confirmados por el Senado, carecen de autoridad constitucional en virtud de las Cláusulas de Nombramiento e Invalidez para imponer la cobertura del seguro.
El poder, y la oportunidad perdida, de la PrEP
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el 21 de mayo que la tasa nacional anual estimada de nuevos casos de VIH disminuyó en un 12% entre 2018 y 2022, a 31,800 transmisiones.
Alrededor de dos tercios de las transmisiones de VIH se producen entre hombres homosexuales y bisexuales.
Según los CDC, unas 185,000 personas, en su inmensa mayoría hombres gais y bisexuales, tomaban la PrEP durante un mes cualquiera de 2022. Sin embargo, el uso de la PrEP, que prácticamente elimina el riesgo de contraer el VIH si se toma según lo prescrito, siempre ha quedado relegado en gran medida a los hombres homosexuales blancos. Las personas negras y latinas tienen una tasa de adquisición del VIH mucho mayor.
Los expertos en salud pública predicen que la anulación del mandato de cobertura de seguro del grupo de trabajo sanitario probablemente aumentaría esta disparidad.
¿Cómo cambiaría esto el seguro para la PrEP?
En 2019, el grupo de trabajo emitió una calificación A para el medicamento Truvada como PrEP. En consecuencia, la ACA obligó a casi todas las aseguradoras a cubrir la PrEP sin gastos compartidos para 2021. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron más tarde que las aseguradoras tampoco podrían imponer gastos sanitarios particulares para las visitas clínicas trimestrales y las pruebas de laboratorio requeridas para los usuarios de la PrEP.
Incluso antes de 2021, la PrEP estaba ampliamente cubierta por los seguros. Por lo tanto, si el grupo de trabajo perdiera el mandato de los seguros, no se esperaría que las aseguradoras abandonaran la cobertura. Pero los expertos en salud pública sí prevén que muchas volverían a imponer los gastos financieros asociados.
Truvada cuesta unos 1,950 dólares al mes. Su fabricante, Gilead Sciences, ha proporcionado durante mucho tiempo una tarjeta de copago que cubre hasta 7,200 dólares anuales en gastos relacionados con el medicamento en nombre de los usuarios de PrEP. Sin embargo, en 2021 llegaron múltiples versiones genéricas de Truvada, que ahora cuestan tan solo 16 dólares mensuales. Así pues, en la actualidad, las aseguradoras solo suelen cubrir el Truvada genérico, que carece de tarjeta de copago del fabricante.
