Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves al ultraderechista Steve Bannon, que fue asesor del expresidente republicano Donald Trump , que ingrese en prisión el próximo 1 de julio para cumplir su condena por desacato al Congreso, algo que el propio Bannon tachó de persecución política.
«Quieren acallar el movimiento MAGA, acallar a los conservadores de base y acallar al presidente Trump», aseguró en declaraciones a los medios poco después de que se conociera el fallo que ordena su entrada en la cárcel.
Con las siglas MAGA (Make America Great Again, Hacer EU grande de nuevo, en inglés) hizo alusión al lema de Trump en las campañas de 2016 y 2020 y a quienes apoyan esa proclama.
Bannon fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de cárcel por haberse negado a comparecer ante el comité que investigaba el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, que tuvo lugar mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden frente a Trump en las presidenciales de 2020.
«No hay nada que pueda callarme. No hay ninguna cárcel que me haga callar», añadió desde fuera de la corte federal en Washington.
El ultraderechista, de 70 años, es uno de los dos exmiembros del círculo íntimo de Trump que afrontaban un proceso judicial por no participar en la investigación parlamentaria.
El segundo, el exasesor del exmandatario en la Casa Blanca Peter Navarro, ingresó en la cárcel el pasado marzo para cumplir otra pena de cuatro meses.
Bannon había recurrido la sentencia, pero un tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia confirmó el pasado 10 de mayo su condena penal.
La sentencia había quedado en suspenso a la espera de que se resolviera la apelación, según la cadena NBC News.
El comité quería que Bannon testificara porque creía que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero de 2021, cuando miles de seguidores de Trump asaltaron la sede del Congreso. Hubo cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.
Ahora, el equipo legal de Bannon, tal y como planteó su abogado, David Schoen, considera que el caso se debe tratar en el Supremo de EU porque plantea una cuestión de separación de poderes.
