La Corte Suprema rechazó este miércoles la petición del Gobierno del demócrata Joe Biden para revivir su último plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles federales. Con una breve orden, el tribunal rechazó la solicitud de emergencia de la Administración que buscaba levantar una orden judicial a nivel nacional impuesta por una corte de apelaciones. No hubo disidencias notables entre los jueces de la corte, controlada por la mayoría conservadora.
El Departamento de Educación emitió en julio de 2023 la regulación de su plan Saving on a Valuable Education (SAVE, en inglés), un mes después de que la Corte Suprema dictaminara que el Gobierno carecía de autoridad para implementar un programa anterior de condonación de préstamos estudiantiles. Este nuevo plan, como el anterior, fue impugnado también por varios estados republicanos.
Ceca de ocho millones de personas se han inscritas en el plan SAVE.
SAVE tiene varias disposiciones, incluida una que limita la cantidad que las personas tienen que pagar por los préstamos universitarios al 5% de sus ingresos. Anteriormente, el límite era del 10%.
Otras disposiciones del nuevo plan impondrían límites a los intereses devengados y acortarían el período de pago de ciertos préstamos pequeños, lo que permitiría su condonación.
Los estados gobernados por el Partido Republicano que recurrieron el plan aseguraron que requiere un gasto de hasta 475,000 millones de dólares que no fue autorizado por el Congreso, indicando que debería bloquearse por la misma razón por la que la Corte Suprema lo hizo con el plan anterior de Biden.
Según la doctrina de las “cuestiones importantes” adoptada por los jueces conservadores de la corte, las agencias federales no pueden iniciar nuevas políticas que tengan efectos económicos significativos sin tener la autorización expresa del Congreso.
Los estados republicanos argumentaron que la “afirmación de autoridad sin restricciones para cancelar cada centavo de cada préstamo por parte de la Administración Biden es asombrosa”.
Presentaron su demanda en abril, y un juez federal de Missouri determinó que la propuesta de reducción de los plazos de pago debía suspenderse. Pero, el 9 de agosto, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en St. Louis, emitió una orden más amplia que suspendía todo el plan.
La procuradora general, Elizabeth Prelogar, defendió que los cambios en los montos de pago están permitidos por una ley federal de 1993, que indica que el Departamento de Educación puede determinar la “porción apropiada” de los ingresos para calcular los montos de pago y también para establecer los plazos.
La orden de la corte de apelación es “extremadamente amplia”y va más allá del nuevo plan, afirmó, bloqueando la implementación de cambios previos en los términos de pago que datan de 1994, y “alterando así las expectativas establecidas de los prestatarios que han realizado pagos durante años o incluso décadas”.
