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En una decisión que ha generado un gran debate, un juez federal de Kentucky anuló este jueves las nuevas normas del Título IX de la Administración Biden, que ampliaban las protecciones para los estudiantes LGBTQ+. El juez de distrito, Danny C. Reeves, argumentó que las normativas, que ocupaban 1,500 páginas, estaban «fatalmente» viciadas por deficiencias legales y excedían la autoridad presidencial.
Esta normativa, que ya había sido bloqueada en 26 estados debido a impugnaciones legales presentadas principalmente por gobiernos republicanos, tenía como objetivo ampliar el alcance del Título IX de 1972, que originalmente prohibía la discriminación por sexo en el ámbito educativo. Ahora, con esta decisión, las nuevas protecciones para estudiantes LGBTQ+ han sido anuladas en todo el país, afectando a miles de estudiantes, en su mayoría transgénero y no binarios.
El impacto de la decisión sobre los derechos de los estudiantes trans
La decisión del juez Reeves responde a una demanda presentada por varios estados, entre ellos Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Virginia y West Virginia. Para muchos, este fallo representa un retroceso significativo en los derechos de los estudiantes transgénero y no binarios, quienes ahora pierden protecciones que, según los defensores de los derechos civiles, eran esenciales para garantizar su seguridad y bienestar en el ámbito educativo.
Los grupos defensores de la comunidad LGBTQ+, como GLAAD, reaccionaron ante la sentencia criticando su impacto negativo sobre los estudiantes más vulnerables. Sarah Kate Ellis, presidenta de GLAAD, expresó que «las protecciones para los estudiantes más vulnerables hacen que toda la escuela sea más segura y más fuerte para todos». Los estudiantes transgénero han sido históricamente objeto de discriminación y acoso, por lo que la anulación de estas protecciones podría empeorar aún más su situación.
Por su parte, Jonathan Skrmetti, fiscal general de Tennessee, aplaudió la decisión, considerándola como un rechazo a lo que consideró la imposición de una «ideología de género radical» por parte de la Administración Biden. Esta división entre los defensores de los derechos civiles y los opositores a la normativa muestra el fuerte enfrentamiento político y social sobre el tema de los derechos LGBTQ+ en EE.UU.
Associated Press
La polémica detrás de la expansión del Título IX en la Administración Biden
La polémica comenzó el año pasado cuando la Administración Biden completó los toques finales a una nueva normativa que expandía el alcance del Título IX. La medida no solo prohibía la discriminación por razón de sexo, sino que también prohibía la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Además, se definió de manera más amplia el concepto de acoso, abarcando una gama más amplia de conductas consideradas inapropiadas.
Mientras que los defensores de la comunidad LGBTQ+ calificaron esta expansión como una victoria histórica, los conservadores lo consideraron un ataque a los «derechos de las mujeres», especialmente en lo que respecta a la inclusión de atletas transgénero en las competiciones deportivas femeninas. La norma no se refería explícitamente a la inclusión de trans en los deportes, aunque este tema se convirtió en un punto clave de la campaña electoral de Donald Trump, quien había prometido derogar las nuevas normas desde su primer día en el cargo.
El juez Reeves, al emitir su fallo, justificó su decisión argumentando que el Departamento de Educación había excedido su autoridad al ampliar el Título IX más allá de lo establecido por el Congreso en 1972. Consideró que no existía ninguna disposición en la ley original que permitiera tal expansión y calificó la medida de un intento de eludir el proceso legislativo.
Foto: EFE
Repercusiones legales y políticas de la anulación del Título IX
El fallo judicial también ha planteado preocupaciones sobre la libertad de expresión. Reeves argumentó que la obligación de los docentes de usar pronombres acordes con la identidad de género de los estudiantes podría violar la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege la libertad de expresión. En su opinión, el gobierno no puede obligar a los educadores a afirmar creencias con las que no estén de acuerdo.
Con este fallo, se regresa a la interpretación anterior del Título IX, la cual no cubría explícitamente la discriminación por identidad de género u orientación sexual. Los críticos de la decisión advierten que esto podría conducir a un retroceso de más de 50 años en los avances logrados en cuanto a los derechos de los estudiantes LGBTQ+ en las escuelas.
Críticas a la normativa de Biden y apoyo de Trump
Los opositores a la normativa de Biden, como la ex secretaria de Educación Betsy DeVos, quien trabajó en la Administración Trump, celebraron la decisión judicial, afirmando que la expansión del Título IX era «radical e injusta». DeVos calificó la normativa de «desaparecida», subrayando su desaprobación por la expansión de las protecciones para los estudiantes transgénero.
Por su parte, Bill Cassidy, senador republicano de Luisiana, también condenó la normativa, argumentando que «traicionaba la intención original del Título IX» al eliminar protecciones clave para las mujeres y las niñas en áreas como el deporte y la educación. Según Cassidy, con el regreso de un gobierno republicano bajo el liderazgo de Donald Trump, se garantizará que las mujeres y las niñas tengan acceso a un trato justo y equitativo.
La decisión judicial también refuerza la postura de Trump, quien ha prometido revertir las protecciones para las personas transgénero y derogar la normativa del Título IX de Biden. Durante su campaña electoral, Trump hizo de las políticas en contra de las personas transgénero un tema central, lo que ha resonado especialmente entre sus seguidores conservadores.
