Una coalición de 16 estados gobernados por el Partido Republicano y la organización American First Legal anunció este viernes una demanda contra el Gobierno del demócrata Joe Biden para bloquear el nuevo programa que buscar proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses, según informó Texas y America First Legal (AFL) en un comunicado.
La demanda fue interpuesta ante una corte de distrito de Texas contra el parole in place anunciado en junio por el Departamento de Seguridad Nacional, que intenta abrir una vía hacia la ciudadanía para algunos cónyuges de estadounidenses sin abandonar el país.
Los estados en la demanda son Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Ohio, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
Según el fiscal general texano, Ken Paxton, la demanda intenta «frenar una decisión ilegal que permite a miles de inmigrantes ilegales acceder al parole in place«. Cabe señalar que ningún inmigrante en Estados Unidos es «ilegal» independientemente de que su estatus sea irregular.
Según Paxton, el estatuto federal veta que los indocumentado «obtengan la mayoría de beneficios migratorios, incluida la residencia permanente, sin antes abandonar el país y ser readmitidos en puertos de entradas para residir de forma legal».
El nuevo programa, agrega, beneficiaría a 1.3 millones de migrantes, incluidos más de 200,000 en Texas, «burlando la Constitución y violando directamente las leyes creadas por el Congreso».
Cómo aplicar al programa ‘parole in place’
La Casa Blanca estima en realidad que el programa beneficiará a 500,000 inmigrantes en todo el país, y a otros 50,000 de sus hijos.
Para cumplir con los requisitos, los solicitantes deben haber estado casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio (fecha en que se anunció por primera vez el programa), no tener antecedentes penales descalificadores (que incluyen los delitos graves y una serie de otros crímenes, como la violencia doméstica y la mayoría de los relacionados con drogas), y demostrar que han vivido de forma continua en Estados Unidos durante al menos 10 años (el Gobierno calcula que la media es de más de dos décadas).
Aquellos cuyas solicitudes sean aprobadas recibirán el beneficio, los protegerá de la deportación y les permitirá solicitar permisos de trabajo, tarjetas de residencia y, en última instancia, la ciudadanía.
‘Parole in place’: decisivo para las elecciones
Rodrigo de la Rosa tenía sólo 5 años cuando cruzó la frontera entre Estados Unidos y México con su padre y sus tres hermanos. Creció en el sur de Phoenix (Arizona) y tuvo lo que él llama “una vida estadounidense normal” hasta que, siendo un adolescente, se enteró de que era indocumentado.
“Cuando cumples 16 años y no puedes conseguir un trabajo normal, es cuando te das cuenta de que eres diferente”, explicó.
Poco después de cumplir 20 años, de la Rosa se casó con Ashley de Alba, nacida y criada en California de padres mexicanos y salvadoreños. Pero casarse con una ciudadana estadounidense no fue suficiente para arreglar su situación migratoria. Podía solicitar el permiso de residencia, pero antes tendría que salir del país y arriesgarse a quedarse varado en México una década o incluso para siempre.
Eso cambió el lunes, cuando Biden empezó a aceptar solicitudes para el nuevo programa. En un estado péndulo como Arizona, el programa parole in place también tiene el potencial de mover la aguja en las elecciones presidenciales de noviembre. De Alba votó por el republicano Donald Trump en 2020, porque dijo que admira su visión para los negocios, cree que la economía estaba en mejor forma cuando él estaba en el cargo, y aprecia el hecho de que él “no tiene miedo de decir lo que piensa”.
Estaba dispuesta a volver a votar por él en noviembre de 2024, pero ahora está indecisa. “La Administración Biden es la que ha puesto esto en marcha, así que estoy muy agradecida”, afirmó de Alba.
El hecho de que el propio Biden se haya retirado de la contienda ha aumentado su interés por la candidatura demócrata, aunque todavía no sabe lo suficiente sobre la vicepresidenta, Kamala Harris, como para tomar una decisión definitiva. “Quiero ver hasta qué punto esto es permanente”, señaló de Alba. “¿Es sólo una estrategia para conseguir votos? ¿O es algo que realmente se toman en serio y van a llevar a cabo? Entonces tomaré mi decisión”, agregó.
Arizona tiene unas 15,000 personas elegibles para el parole in place, según FWD.us, un grupo proinmigrante que abogó por el programa. Aunque ellos mismos no pueden votar, todos están casados con ciudadanos estadounidenses que sí pueden, y por lo demás están integrados en familias y comunidades llenas de ciudadanos que se beneficiarán indirectamente de la política.
Teniendo en cuenta que Biden ganó Arizona en 2020 con 10,457 votos, y considerando que las encuestas muestran márgenes muy estrechos entre Harris y Trump, el impacto político del parole in place en el estado podría ser decisivo.
Erika Castro, organizadora comunitaria indocumentada de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada —otro estado disputado con una población inmigrante numerosa y asentada desde hace mucho tiempo — aseveró que parole in place ha ayudado a energizar a los votantes latinos en el estado.
“La gente está prestando atención”, contó, “quieren saber qué hacen los candidatos para mejorar realmente su calidad de vida, y esto es algo que les hace sentir que su voto se toma en serio”.
Unos 60,000 inmigrantes con derecho a aplicar al programa viven en estados péndulo, según las estimaciones de FWD.us.
