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Un esquema de fraude migratorio que afectó a decenas de migrantes en situación vulnerable ha llevado a Kofi Amankwaa, un exabogado de inmigración de 70 años, a ser sentenciado a 70 meses de prisión, lo que equivale a casi seis años. Además de la condena, el tribunal ordenó que Amankwaa pague más de 16 millones de dólares en restitución a las víctimas y 13 millones de dólares en multas. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso ha generado gran repercusión debido a las graves consecuencias que enfrentaron las personas afectadas.
El fraude se centró en la manipulación del Acta de Violencia contra las Mujeres, una legislación diseñada para proteger a inmigrantes que han sido víctimas de abuso doméstico. Amankwaa utilizó esta ley para presentar solicitudes migratorias fraudulentas, afirmando falsamente que sus clientes habían sufrido abuso por parte de sus hijos ciudadanos estadounidenses. Estas declaraciones falsas no solo resultaron en el rechazo de las solicitudes de residencia, sino que también llevaron a la deportación de varios de los afectados.
El esquema operaba de manera sistemática. Amankwaa y sus colaboradores instruían a los clientes para que firmaran formularios I-360, documentos utilizados para solicitar beneficios bajo la VAWA. Sin embargo, los clientes no eran informados de que las declaraciones contenidas en los formularios eran falsas. Las víctimas, muchas de las cuales pagaron entre 3.000 y 6.000 dólares por cada caso, confiaban en que el abogado estaba actuando en su mejor interés, sin saber que estaban siendo engañadas.
Migrantes expuestos a más peligros
El fraude no solo tuvo un impacto económico significativo, con pérdidas multimillonarias para los clientes migrantes, sino que también dejó daños irreparables en sus vidas. Según reportó el medio Lawyer Monthly, las acciones de Amankwaa no solo afectaron el estatus migratorio de las víctimas, sino que también las expusieron a situaciones de vulnerabilidad extrema, al ser deportadas o quedar en un limbo legal.
El caso ha puesto en evidencia la explotación de una de las leyes más sensibles del sistema migratorio estadounidense. La VAWA fue creada para proteger a personas en situaciones de abuso, pero en este caso, fue utilizada como herramienta para un esquema de fraude que dejó a las víctimas en una situación aún más precaria.
Consecuencias legales y financieras para el acusado
Además de la sentencia de prisión, el tribunal impuso sanciones económicas severas a Kofi Amankwaa. Según informó el Departamento de Justicia, el exabogado deberá pagar más de 16 millones de dólares en restitución a las víctimas, una cifra que refleja la magnitud del daño económico causado. Asimismo, se le impuso una multa adicional de 13 millones de dólares, lo que eleva el costo total de las sanciones a casi 30 millones de dólares.
El caso también ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de supervisar más de cerca a los profesionales que trabajan en el ámbito migratorio. Según reportaron los medios, las acciones de Amankwaa no solo violaron la confianza de sus clientes, sino que también socavaron la integridad del sistema legal diseñado para proteger a los más vulnerables.
Un esquema que dejó la vida de migrantes destrozadas
El impacto del fraude perpetrado por Amankwaa va más allá de las cifras económicas. Las víctimas, muchas de las cuales ya enfrentaban situaciones de precariedad y vulnerabilidad, quedaron en una posición aún más difícil tras ser engañadas. Algunas de ellas fueron deportadas, mientras que otras quedaron atrapadas en procesos legales interminables, sin posibilidad de regularizar su estatus migratorio.
El caso ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que las leyes diseñadas para proteger a los más vulnerables no sean utilizadas de manera fraudulenta. La manipulación de la VAWA por parte de Amankwaa no solo perjudicó a sus clientes, sino que también generó dudas sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión en el sistema migratorio.
