El Congreso de Louisiana, bajo control republicano, dio este martes su aprobación definitiva al proyecto de ley que convierte en delito la inmigración irregular y permite a la policía local detener a personas sospechosas de estar indocumentadas.
El proyecto fue aprobado en abril por el Senado, que lo envió a la Cámara de Representantes; la semana pasada fue validado allí y volvió al Senado, que le entregó el martes el visto bueno definitivo. Ahora pasa a la mesa del gobernador, el republicano Jeff Landry, para ser firmado y convertirse así en ley.
La Legislatura estatal consideró en abril tres proyectos de ley sobre inmigración en Louisiana, donde casi el 7% de la población son latinos (unas 322,500 personas, según la Oficina del Censo).
La propuesta SB208 busca prohibir las ciudades santuario; la SB279 plantea impedir el acceso de los indocumentados a las licencias de manejar; y la SB388 (aprobada este martes) propone sanciones por la entrada y reingreso de personas indocumentadas a nivel estatal.
Las medidas forman parte de una reacción conservadora nacional a la ley SB4, impulsada por la mayoría republicana en Texas y por el gobernador, el también republicano Greg Abbott. Esa ley permite a la policía arrestar a migrantes que crucen de forma irregular desde México y les impone sanciones penales. La norma, que aún no ha entrado en vigor porque fue recurrida a la justicia, también faculta a los jueces estatales a ordenar la deportación de personas a México.
Estados gobernados por republicanos como Mississippi, Louisiana, Arkansas, Florida, entre otros, han impulsado medidas similares.
Leticia Casildo, directora y cofundadora Familias Unidas en Acción, una organización defensora de los derechos de migrantes, afirmó a Noticias Telemundo el martes que «la Legislatura de Louisiana está avanzando proyectos fascistas». «La medida aprobada por el Senado estaba en última y ahora debe ir a la mesa del gobernador», agregó.
En su opinión es una copia de la ley SB4 de Texas y su destino, en buena medida, dependerá de lo que dicten las cortes en el caso de la medida texana.
«Desgraciadamente nuestra comunidad esta sintiendo los embates de estas leyes violentas», dijo, «nadie quiere que sus familias sean separadas. Ya hemos vemos represalias cuando un inmigrante va a solicitar un servicio». «Viven con un permanente temor», lamentó.
«Tenemos que reconocer que el sistema inmigratorio esta roto, pero [los políticos] no quieren arreglarlo, solo quieren criminalizarlo. Eso incrementa los abusos. Es lamentable, doloroso y ponen en riesgo la seguridad y la vida de los inmigrantes», concluyó.
