Los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos aumentaron ligeramente en agosto. No son las mejores noticias para el Gobierno de Joe Biden y la campaña de Kamala Harris a menos de 70 días de las elecciones del 5 de noviembre, donde el control fronterizo se ha convertido en uno de los temas centrales de los comicios. La Administración demócrata admitió este fin de semana que el mes pasado registra un leve repunte, pero que la situación sigue bajo control. “Seguimos registrando el número más bajo de detenciones en la región suroeste desde septiembre de 2020″, señaló el sábado Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior de Biden.
La cifra rompe con una tendencia de cinco meses a la baja en el número de detenciones en la frontera. Hasta el jueves, los agentes de la Patrulla Fronteriza habían procesado a 54.000 personas, de acuerdo a dos fuentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo citadas por la agencia AP. Con tres días restantes del mes, la cifra puede alcanzar las 58.000 detenciones. En julio, en cambio, se documentaron 56.400 aprehensiones.
San Diego, la ciudad limítrofe con la mexicana Tijuana, se ha convertido nuevamente en el epicentro de los cruces irregulares de agosto (ya había ocupado el puesto en mayo). Le siguen El Paso, Texas; y Tucson, Arizona. Las autoridades prevén que el flujo migratorio aumente durante los meses de otoño, cuando las temperaturas bajan. Las principales nacionalidades encontradas por la Patrulla Fronteriza durante el mes pasado fueron la mexicana, guatemalteca y hondureña.
El número puede indicar que se han estabilizado el número de cruces. La tendencia a la baja ha sido conseguida, entre otros factores, por la decisión de Biden de poner límites al asilo cuando se registren 2.500 detenciones diarias de inmigrantes entre aduanas. La medida fue duramente criticada por los defensores de derechos humanos y los sectores progresistas dentro del partido demócrata.
La caída en las detenciones aproxima al Gobierno de Biden a la necesidad de levantar la prohibición del asilo. De acuerdo a la orden ejecutiva emitida en junio, esta quedaría sin efecto si se suman siete días consecutivos con 1.500 aprehensiones diarias o menos. Estuvo cerca de lograrse en julio. En agosto, en cambio, hubo una media diaria de 1.900 cruces diarios.
La Administración documentó en diciembre de 2023 unos 250.000 cruces ilegales, un récord histórico desde que se llevan registros. Desde entonces, y en pleno año electoral, el Ejecutivo implementó un plan frenar el número de personas que llegan desde el sur y en medio de ataques de Donald Trump y el Partido Republicano, quienes acusan a los demócratas de tener una política de puertas abiertas en la gestión migratoria. Una de las promesas centrales de la campaña del expresidente es llevar a cabo la mayor deportación en la historia del país.
El Gobierno ha tratado de reordenar el flujo migratorio con la ayuda de una aplicación llamada CBP One. Los migrantes deben comenzar su periplo llenando allí un formulario digital y sin salir desde sus países de origen. Esta herramienta ha abierto las puertas de Estados Unidos a unas 765.000 personas hasta julio, de acuerdo a cifras oficiales. Otros 520.000 ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua han podido migrar legalmente, siempre y cuando tengan un soporte financiero en territorio estadounidense. El programa de parole humanitario fue suspendido brevemente porque se habían detectado fraudes en las gestiones, pero ha sido reanudado esta semana.
Alejandro Mayorkas hizo un llamado al Congreso para aprobar la ley bipartidista de control fronterizo. Esta legislación fue arduamente negociada por senadores demócratas, republicanos e independientes y contempla duras medidas de vigilancia, mayores recursos para infraestructura, la Patrulla Fronteriza y para desahogar los tribunales que llevan casos de inmigración, que sufren años de rezago. Donald Trump llamó a los senadores de su partido a no aprobarla. Kamala Harris promete convertirla en ley de llegar a la Casa Blanca.
El secretario de Interior reconoció el sábado la contribución de los países de la región, quienes han auxiliado a Estados Unidos en su política migratoria. Las autoridades mexicanas han formado un primer muro de contención al sur de México. En agosto bajó el número de inmigrantes originarios Colombia y Ecuador, gracias a vuelos de deportación coordinados con los gobiernos de esos países. El viernes, por ejemplo, salió uno rumbo a Bogotá con 28 personas. 117 personas han sido expulsadas a Colombia desde el 20 de agosto.
El Gobierno de Panamá ha realizado en los últimos días de agosto cuatro vuelos de deportaciones con migrantes detenidos en la selva del Darién. Un avión despegó rumbo a Manta el jueves con 30 ecuatorianos. Nueve personas entre estas tenían antecedentes penales. Es el segundo vuelo financiado por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que los panameños han cubierto los otros dos. El número de personas esperando en el Darién, un paso crítico en el trayecto rumbo al norte, se encuentra en su número más bajo en dos años. Aun así, unas 400 personas lo transitan cada día.
