El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aceptó declararse culpable de un delito grave relacionado con su presunta participación en una de las mayores filtraciones de material clasificado del gobierno estadounidense, como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permitirá evitar la cárcel en Estados Unidos, según documentos recientemente presentados ante un tribunal federal.
Según los términos del nuevo acuerdo, los fiscales del Departamento de Justicia solicitarán una condena de 62 meses, equivalente al tiempo que Assange ha pasado en una prisión de alta seguridad en Londres mientras luchaba contra su extradición a Estados Unidos. El acuerdo de culpabilidad acreditaría ese tiempo cumplido, lo que permitiría a Assange regresar inmediatamente a Australia, su país natal.
El acuerdo aún debe ser aprobado por un juez federal.
Assange se había enfrentado a 18 cargos de una acusación de 2019 por su presunto papel en la filtración que conllevaban un máximo de hasta 175 años de prisión, aunque era poco probable que fuera condenado a ese tiempo en su totalidad.
Assange es perseguido por las autoridades estadounidenses por publicar registros militares confidenciales facilitados por la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning en 2010 y 2011.
Las autoridades estadounidenses alegaron que Assange incitó a Manning a obtener miles de páginas de cables diplomáticos estadounidenses sin filtrar que ponían potencialmente en peligro a fuentes confidenciales, informes de actividades significativas relacionadas con la guerra de Iraq e información relativa a los detenidos de Guantánamo.
El presidente de EE.UU. Joe Biden ha aludido en los últimos meses a un posible acuerdo impulsado por funcionarios del Gobierno de Australia para devolver a Assange a ese país.
Funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia se han opuesto a cualquier acuerdo que no incluya una declaración de culpabilidad por parte de Assange, según dijeron a CNN personas con conocimiento del caso.
El mes pasado, un tribunal británico dictaminó que Assange tenía derecho a recurrir su última impugnación contra la extradición a Estados Unidos, lo que supuso una victoria en su lucha de años para evitar ser procesado en Estados Unidos por sus presuntos delitos.
