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Más de una veintena de fiscales generales de estados gobernados por demócratas presentaron este martes demandas legales contra la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que busca poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
Demandas contra la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
La primera demanda fue presentada ante un tribunal de distrito en Massachusetts por fiscales que representan a estados como Colorado, California, Maine, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte y Wisconsin, así como por representantes de la ciudad de San Francisco. La segunda demanda fue presentada por procuradores de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, ante un tribunal de distrito en este último estado. De este modo, los casos están siendo planteados en tribunales de las costas este y oeste de EE. UU.
En ambos casos, los fiscales argumentan que el principio de ciudadanía por nacimiento ha sido parte de la Constitución de Estados Unidos durante más de 150 años, gracias a la Enmienda 14. Además, sostienen que la Corte Suprema ya ha establecido un precedente en el que se reconoce este derecho, incluso para los hijos nacidos en EE. UU. de padres no ciudadanos, con la excepción de los hijos de diplomáticos.
La Enmienda 14 establece que: «Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción será ciudadana de Estados Unidos y del estado en el que resida».
Foto: EFE/EPA
El derecho de ciudadanía por nacimiento y su protección constitucional
Los fiscales en los casos presentados defienden que un presidente no tiene la autoridad para reescribir ni anular una enmienda constitucional. Tampoco consideran que exista ninguna fuente legal que otorgue al presidente el poder de limitar quién recibe ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Argumentan que la Enmienda 14, tal como fue ratificada en 1868, protege este derecho sin distinciones.
La decisión de Trump de cuestionar el alcance de esta enmienda se centra en su interpretación del texto original, el cual, según el mandatario, ha sido «malinterpretado» por las cortes a lo largo de los años. En su orden ejecutiva, Trump afirma que la Enmienda 14 ha «siempre excluido» de la ciudadanía por nacimiento a aquellas personas nacidas en Estados Unidos, pero que no están «sujetas a su jurisdicción», como en el caso de los hijos de inmigrantes indocumentados.
EFE/Saul Loeb/Pool
La controversia sobre la autoridad presidencial y la ciudadanía por nacimiento
El mandatario republicano sostiene que, históricamente, se ha interpretado que la ciudadanía por nacimiento no se aplica a personas nacidas en EE. UU. cuyos padres no estén bajo la jurisdicción estadounidense, excluyendo a los hijos de diplomáticos, por ejemplo. Esta interpretación ha generado un debate legal sobre si el presidente tiene el derecho de modificar lo que la Constitución ha estipulado durante más de un siglo.
Además de las demandas presentadas por los fiscales estatales, varias organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), también han iniciado acciones legales contra el decreto de Trump. Estas organizaciones defienden el principio de ciudadanía por nacimiento como un derecho fundamental protegido por la Constitución.
