El martes, al salir el sol, Robert Robinson se levantó de la acera, en las inmediaciones de la estación de autobuses de Fort Lauderdale. Allí durmió y se convirtió en un infractor de una ley recién aprobada en Florida.
Bajo la ley que entró en vigor el martes, ahora es ilegal en Florida dormir en las aceras, parques, playas u otros espacios públicos, una de las medidas más estrictas del país contra la indigencia.
“¿A dónde van a meter a toda esta gente?”, preguntó Robinson, señalando a varias personas sin hogar que se encontraban cerca. Robinson, de 61 años, quien en el pasado trabajó como instalador de vallas, reunió su poca ropa, pasta de dientes y una caja de comida para gatos que esperaba vender por 2 dólares y los cargó en la silla de ruedas que utiliza como andador y vagón. “No hay suficientes camas en el refugio”.
Fort Lauderdale y las demás ciudades y condados de Florida sólo tienen tres meses para solucionar el problema. A partir del 1 de enero, los residentes, los propietarios de negocios y las autoridades estatales pueden demandar a los municipios que consideren que no están haciendo lo suficiente. Con la nueva ley, los gobiernos locales deben promulgar ordenanzas para crear, reforzar y hacer cumplir programas que ayuden a sacar de la calle a las personas sin hogar.
Se estima que en Florida hay unos 31.000 indigentes, aunque los defensores de los indigentes afirman que es probable que la cifra real sea mayor. Aunque la cifra es muy inferior a la de California y Nueva York, una amplia mayoría de la Asamblea Legislativa considera que la ley es necesaria. Los residentes se quejan de que estas personas ocupan parques y aceras, amenazan a los niños, dejan basura y orinan y defecan en público.
“Es nuestra responsabilidad ocuparnos de los indigentes y por eso no podemos esperar más”, dijo el senador estatal republicano Jonathan Martin, quien impulsó la iniciativa de ley firmada en marzo.
El gobernador Ron DeSantis dijo que la nueva ley, sin duda, logra “el equilibrio correcto”.
“Queremos asegurarnos de que ponemos la seguridad pública por encima de todo”, expresó.
Pero a las autoridades locales les preocupan las posibles demandas que se puedan interponer bajo la nueva ley.
“Unos cuantos abogados emprendedores aprovecharán esta oportunidad para embolsarse decenas, cientos de miles de dólares”, declaró el alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, y añadió que ese dinero no estará disponible para paliar el problema.
El estado presupuestó 30 millones de dólares para ayudar a los municipios a promulgar la ley y proporcionar a los indigentes tratamiento de salud mental y contra el abuso de sustancias. Pero muchos funcionarios locales dijeron que no es suficiente. Los condados con las mayores asignaciones presupuestarias para este tema no superan los 600.000 dólares cada uno.
