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Dos familias han denunciado la reclusión de sus seres queridos en la base militar de Guantánamo Bay, en Cuba, tras ser detenidos en Estados Unidos. Según informes de ABC News, los familiares aseguran que los migrantes no tienen antecedentes penales, aunque han sido clasificados como “altamente peligrosos” por el gobierno de Estados Unidos. Esta medida se enmarca dentro de una política implementada por el presidente Donald Trump, quien ordenó la expansión de las instalaciones de detención en Guantánamo para albergar a migrantes considerados de “alta prioridad”.
El traslado de migrantes a Guantánamo: un cambio en la política migratoria de EE.UU.
A principios de este mes, el primer vuelo con detenidos arribó a la base de Guantánamo, marcando un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, según informó ABC News. La administración de Trump justificó esta medida como parte de una estrategia para endurecer las acciones contra la inmigración irregular. No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado dudas sobre la legalidad de estas detenciones, denunciando que los migrantes han sido retenidos sin acceso a abogados ni comunicación con sus familias.
El uso de la base de Guantánamo como centro de detención para migrantes es un cambio significativo en la estrategia de control fronterizo de Estados Unidos. Aunque la base ha sido históricamente utilizada para la reclusión de presuntos terroristas, su papel en la política migratoria había sido limitado hasta ahora. Expertos en derecho internacional han advertido que esta decisión podría tener implicaciones legales y diplomáticas, ya que la base opera bajo reglas distintas a las del sistema judicial estadounidense, lo que podría dificultar la supervisión de las condiciones de detención y el acceso de los migrantes a un debido proceso.
Marta Garde/EFE
El uso de Guantánamo para la detención de migrantes: una medida controvertida
En enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a expandir el Centro de Operaciones para Migrantes en Guantánamo. Según declaraciones de Trump, el objetivo era utilizar las instalaciones de la base naval para albergar a migrantes catalogados como “criminales de alta prioridad”. La administración presentó esta medida como una respuesta a lo que describieron como una crisis de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Guantánamo albergaría únicamente a los “peores de los peores”. Durante una conferencia de prensa, Noem presentó imágenes de migrantes subiendo a un avión militar en Texas y aseguró que la política tenía como objetivo proteger a la ciudadanía estadounidense de individuos peligrosos.
Familiares denuncian la falta de comunicación y derechos básicos
Los familiares de los migrantes detenidos en Guantánamo han manifestado su indignación y preocupación. ABC News entrevistó a dos familiares que aseguraron que sus seres queridos no tienen antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado.
Uno de los casos es el de José Rodríguez Simancas, un migrante venezolano que cruzó la frontera sur de Estados Unidos el año pasado y solicitó asilo. Su hermana, Bárbara Simancas, afirmó que José fue acusado de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua debido a sus tatuajes, a pesar de que estos solo representan los nombres de sus hijos.
Bárbara presentó un certificado de antecedentes penales emitido en Venezuela que confirmaba que su hermano no tenía historial delictivo. Además, señaló que José fue acusado únicamente de “entrada indebida” a Estados Unidos, cargo al que se declaró culpable en mayo de 2024. Desde su traslado a Guantánamo, la familia no ha podido comunicarse con él ni obtener información de las autoridades migratorias.
ShaTyra Reed-Cox/EFE
La falta de transparencia y el acceso a derechos
Otro caso es el de Jhoan Lee Bastidas Paz, también venezolano, quien fue detenido tras cruzar la frontera en noviembre de 2023. Su padre, Jhoan Lee Bastidas, se enteró del traslado de su hijo a Guantánamo tras ver una fotografía en redes sociales. Según registros judiciales obtenidos por ABC News, Bastidas Paz tampoco tiene antecedentes penales más allá de su ingreso irregular al país.
La decisión de utilizar Guantánamo como centro de detención para migrantes ha sido duramente cuestionada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El abogado Lee Gelernt, representante de la ACLU, calificó la medida como “alarmante” y denunció que los detenidos están incomunicados, sin acceso a representación legal ni contacto con sus familias.
“Es suficientemente preocupante que estemos enviando migrantes a Guantánamo, pero es inaceptable que se les prive de derechos básicos como el acceso a abogados o a sus familias”, declaró Gelernt. La ACLU presentó una demanda en un tribunal federal en Washington, D.C., argumentando que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la base de Guantánamo se utiliza para detener personas por cargos civiles de inmigración.
El debate sobre los derechos humanos y el debido proceso
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la política, afirmando que la base no solo alberga a miembros de pandillas violentas y otros migrantes considerados de “alta amenaza”, sino también a aquellos con órdenes finales de deportación. Sin embargo, el funcionario no presentó pruebas concretas para justificar la clasificación de los detenidos como criminales peligrosos.
El traslado de migrantes a Guantánamo ha abierto un debate sobre derechos humanos y el debido proceso en Estados Unidos. Para las familias de los migrantes, la incertidumbre y la falta de información han sido devastadoras. Bárbara Simancas expresó su angustia por los hijos de su hermano, quienes no han podido comunicarse con él desde su traslado. “Solo pido al gobierno que lo envíen de vuelta a Venezuela. Sus hijos están preocupados. Quieren ver a su papá”, declaró.
