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La recopilación de perfiles de ADN de inmigrantes por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha aumentado en un 5,000%, tras añadir desde 2020 más de 1.5 millones de perfiles a una base de datos federal, según un informe publicado este martes por Georgetown Law Center on Privacy & Technology.
El centro de investigación que se dedica a “denunciar y oponerse a la vigilancia gubernamental y empresarial en la era digital”, según su propia descripción en la página web, indicó que el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, en inglés), el cual se comparte con las agencias policiales de todo el país, había añadido tan solo 30,000 muestras en total entre 2020 y 2005, año en el que el Congreso autorizó la recopilación de este tipo de información a las autoridades federales de inmigración.
Los autores del estudio atribuyen el drástico aumento a un cambio de reglas en 2020 en el Departamento de Justicia, instituido por la Administración Trump y que el Gobierno de Biden ha mantenido en pie, que faculta al Departamento de Seguridad Nacional para recolectar el ADN de cualquier persona que haya sido detenida por detenida por agentes en la frontera y dentro del país.
No obstante, el informe señala que el Departamento de Seguridad Nacional toma muestras de ADN “sin seguir ninguna de las normas de procedimiento que se supone debe seguir” y planteó dudas sobre si se están violando derechos de los inmigrantes y sobre la constitucionalidad del programa.
El centro aseveró que, aunque está establecido que el DHS puede recopilar datos genéticos a todas las personas que “detenga”, ese término “en el contexto de la inmigración es amplio y vago, por lo que casi nadie queda excluido”.
El documento explicó que, luego de que agentes federales recogen el ADN, las muestras se envían al FBI para su análisis e inclusión en la base de datos CODIS, donde se etiquetan como “criminales” y quedan a la libre consulta de todas las fuerzas policiales del país.
CODIS se introdujo en 1998 y cuenta con un total de 22 millones de perfiles de ADN, según el diario Los Angeles Times.
Tras un año y medio de investigación, el reporte de Georgetown Law Center on Privacy & Technology acotó que el Departamento de Seguridad Nacional “engaña e intimida a la gente para recopilar su ADN” y que se lo está haciendo “principalmente a personas de color”.
Varias personas entrevistadas por el centro de investigación a las que les tomaron muestras de ADN aseguraron que no sabían que eso había ocurrido, a pesar de que las políticas internas dejan claro que debieron haber sido notificadas. Otras más precisaron que habían aceptado colocarse un hisopo en la boca porque creyeron que tenía que ver con el COVID-19 y bajo amenaza de ser procesados penalmente si no lo hacían.
Además, el documento también acusó al Gobierno de estar aprovechándose de sus “competencias en materia de inmigración para recopilar material genético a un ritmo que no sería posible utilizando medidas policiales penales”.
“El Gobierno federal está acumulando un enorme banco de datos de ADN, y ha empezado a hacerlo en una comunidad que ha sido racializada, a menudo traumatizada y políticamente impotente: los no ciudadanos”, destacó el informe. “Y está utilizando la agencia federal que opera con menos restricciones en la práctica y menos supervisión”.
Noticias Telemundo se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
Las conclusiones del informe mostraron su preocupación por el hecho de que el Gobierno conserve “las muestras de ADN indefinidamente” de los inmigrantes. “Esto es extremadamente arriesgado, dados los rápidos avances en la tecnología de ADN, la falta de límites legales sólidos sobre lo que el Gobierno puede hacer con esas muestras y la creciente inestabilidad política en Estados Unidos”, agregó.
Los autores del informe solicitaron al Gobierno de Biden que ponga fin de inmediato a esta medida, tras concluir que el programa de recopilación genética del Departamento de Seguridad Nacional viola flagrantemente los derechos establecidos en la Cuarta Enmienda Constitucional, en la que se protege a los individuos de cateos e incautaciones sin una orden judicial, entre otras cosas. “Debemos impedir que el DHS haga una redada en el genoma”, afirmaron.
