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El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este lunes estudiar un caso crucial relacionado con la controvertida práctica conocida como «terapia de conversión». Este tratamiento busca forzar a los menores LGBTIQ+ a cambiar su orientación sexual o identidad de género, lo que ha generado intensos debates sobre sus implicaciones éticas y legales. El caso podría sentar un precedente en todo el país sobre la regulación de estas terapias en menores y sus impactos en la comunidad LGBTIQ+.
El origen del caso que estudiará el Supremo
Este litigio llega en un contexto especialmente tenso para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, coincidiendo con una creciente ofensiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra los derechos de las personas transgénero. Trump ha tomado decisiones polémicas, como la prohibición de que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas y participen en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género.
El Tribunal Supremo, que actualmente tiene una mayoría conservadora tras las nominaciones de Trump en su primer mandato, será el encargado de estudiar el caso. Este análisis se llevará a cabo en el próximo periodo de sesiones, que comienza en octubre de este año. El caso se centra en una demanda presentada por Kaley Chiles, una terapeuta cristiana de Colorado, quien argumenta que la ley estatal que prohíbe la «terapia de conversión» vulnera su libertad de expresión, al impedirle hablar libremente con sus pacientes sobre sus creencias religiosas y su enfoque terapéutico.
La demanda de Kaley Chiles contra la prohibición
Según los documentos judiciales, Chiles quiere ofrecer a sus pacientes, muchos de ellos menores, la opción de «vivir conforme al diseño de Dios, incluida su identidad biológica», a través de un enfoque que considera en línea con sus principios cristianos. Para la terapeuta, la ley de Colorado que prohíbe la «terapia de conversión» es un obstáculo para expresar sus creencias religiosas de manera abierta y profesional.
El caso ha sido apoyado por Alliance Defending Freedom, una organización legal conservadora conocida por su lucha en defensa de la libertad religiosa y en contra de las políticas que considera restrictivas hacia los valores tradicionales. Esta organización ha estado involucrada en varios casos ante el Tribunal Supremo relacionados con los derechos de la comunidad LGBTIQ+, buscando siempre encontrar un equilibrio entre la libertad religiosa y los derechos civiles.
La postura de Colorado frente a la «terapia de conversión»
Por otro lado, el estado de Colorado defiende la ley como un mecanismo necesario para regular la conducta de los terapeutas y proteger a los menores de prácticas que puedan ser perjudiciales para su salud mental. La administración de Colorado sostiene que la prohibición de la «terapia de conversión» no es una infracción de la libertad de expresión, sino una medida para evitar la aplicación de tratamientos que pueden causar daños emocionales y psicológicos a los jóvenes.
La ley de Colorado, aprobada en 2022, define la «terapia de conversión» como cualquier intento de cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Esto incluye los esfuerzos para modificar el comportamiento, la expresión de género, o incluso suprimir o reducir la atracción romántica hacia personas del mismo sexo. Varias organizaciones médicas y de salud mental, como la Asociación Americana de Psicología, han criticado esta práctica, afirmando que no tiene base científica y que puede tener efectos devastadores en la salud mental de los menores sometidos a ella.
Un contexto más amplio: leyes de «terapia de conversión» en EE.UU.
Este caso no es único. Al menos una docena de estados en EE.UU. y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que prohíben o restringen la «terapia de conversión» para menores. Estas leyes buscan proteger a los menores LGBTIQ+ de tratamientos que los obliguen a cambiar su orientación sexual o identidad de género, reconociendo que tales prácticas son potencialmente peligrosas y dañinas.
La creciente adopción de estas leyes en varios estados refleja una preocupación generalizada por la salud mental y el bienestar de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, como se demuestra en el caso de Kaley Chiles, muchos defensores de la «terapia de conversión» consideran que la prohibición de estas prácticas representa una violación de su derecho a la libertad de expresión y la libertad religiosa, lo que ha llevado a un aumento de los desafíos legales contra las leyes estatales.
La «terapia de conversión» y sus efectos en la salud mental
Las críticas hacia la «terapia de conversión» provienen de diversas organizaciones médicas y de salud mental, que argumentan que esta práctica es potencialmente destructiva para los menores involucrados. Los estudios han demostrado que las personas que han sido sometidas a este tipo de terapias tienen más probabilidades de experimentar depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y una mayor sensación de rechazo social.
La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las más afectadas por esta práctica, que busca cambiar algo tan fundamental como la orientación sexual o la identidad de género de una persona. En lugar de ayudar a los menores a aceptar su identidad, la «terapia de conversión» a menudo refuerza la vergüenza, el miedo y el auto-rechazo, lo que puede tener consecuencias devastadoras para su bienestar emocional y psicológico.
El futuro del caso en el Tribunal Supremo
La decisión que tomará el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre este caso tendrá repercusiones a nivel nacional. Si el tribunal opta por apoyar la prohibición de la «terapia de conversión», podría sentar un precedente que impulse la adopción de leyes similares en más estados y refuerce la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Sin embargo, si el Tribunal Supremo decide revocar las leyes estatales que prohíben la «terapia de conversión», podría abrir la puerta a la legalización de esta práctica en todo el país, lo que tendría implicaciones significativas para los derechos de los menores LGBTIQ+ y para el futuro de las políticas de salud mental en Estados Unidos.
Este caso se suma a otros debates legales en curso en el país sobre los derechos de las personas transgénero y la libertad religiosa, incluyendo un importante caso en Tennessee relacionado con la atención médica de afirmación de género para menores transgénero. El Tribunal Supremo está programado para abordar estos casos en los próximos meses, lo que hará de 2024 un año clave para la definición de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos.
