Abogados y representantes legales de varios funcionarios federales de Estados Unidos presentaron una demanda contra el multimillonario Elon Musk el pasado lunes. La demanda sostiene que Musk violó la ley al enviar un correo electrónico masivo el fin de semana, exigiendo que los servidores públicos detallaran sus logros y amenazando con despidos para aquellos que no respondieran. El incidente ha desatado una ola de controversias, especialmente debido a la implicación de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una entidad creada por el presidente Donald Trump.
La demanda contra Elon Musk por la exigencia a empleados federales
La demanda fue presentada inicialmente el 19 de febrero ante un tribunal en California, y se amplió para incluir la queja sobre el correo electrónico enviado el domingo. Los demandantes buscan bloquear los despidos masivos que Musk ha impulsado desde que asumió el liderazgo de DOGE, una iniciativa que busca reformar y reducir el tamaño del Gobierno federal.
En sus publicaciones en redes sociales, Musk había afirmado previamente que iba a exigir a los empleados federales un informe detallado sobre su trabajo, una medida que había implementado en sus empresas privadas, como SpaceX y Tesla. Sin embargo, la situación se complicó cuando el correo electrónico fue enviado oficialmente en nombre de la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de gestionar los recursos humanos del Gobierno de EE. UU.

Fotografía del empresario y empleado especial del Gobierno estadounidense Elon Musk. EFE/EPA/WILL OLIVER
La amenaza de despidos y el malestar en el Gobierno
El contenido del correo enviado por la OPM exigía a cada funcionario federal que detallara cinco logros alcanzados en la semana pasada a más tardar la noche del lunes. Sin embargo, el correo no mencionaba explícitamente las consecuencias de no responder, aunque Musk dejó claro en sus declaraciones que aquellos que no cumplieran con esta solicitud serían despedidos. Según la demanda presentada por varios sindicatos, este tipo de amenaza es una violación de las normas del Gobierno federal.
La queja también afirma que la amenaza de despidos es uno de los intentos de fraude más grandes relacionados con la contratación en la historia del país, ya que no existe ninguna regla o política en la OPM que exija este tipo de reportes de los empleados federales. Además, la medida ha causado gran malestar entre funcionarios de diversas agencias, incluidas algunas dirigidas por personas leales a Trump, como el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono, quienes informaron a sus empleados que no respondieran al correo electrónico.

El magnate Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), durante un acto en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2025. EFE/Aaron Schwartz/Pool
¿Es legal lo que exige Musk?
El cuestionamiento sobre la legalidad de las acciones de Elon Musk ha sido un tema recurrente. Legisladores de ambos partidos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, han expresado su preocupación por la posible ilegalidad de la medida impuesta por el empresario. Según Sean Keveney, abogado del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el hecho de que Musk haya solicitado esta información puede generar problemas de seguridad, ya que algunas de las actividades realizadas por los empleados están protegidas por el privilegio de confidencialidad entre abogados y clientes.
Keveney también advirtió que no se había proporcionado ninguna garantía sobre las protecciones necesarias para responder al correo electrónico sin comprometer la seguridad y la privacidad de los empleados. Este tema también ha sido señalado por otros funcionarios, como Kash Patel, director del FBI, quien indicó que los empleados de esa agencia no deberían atender la solicitud de Musk, ya que el FBI tiene sus propios protocolos para evaluar el desempeño y el trabajo realizado.