Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes demandó a la Administración Biden este miércoles por la reciente directiva del presidente, Joe Biden, que efectivamente detiene las solicitudes de asilo en la frontera sur, alegando que difiere poco de una medida similar del Gobierno de Trump que fue bloqueada por tribunales.
La demanda, presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otros en nombre de Las Americas Immigrant Advocacy Center y RAICES, es la primera prueba de la legalidad de las amplias medidas de Biden en la frontera, que se produjo después de meses de deliberaciones internas de la Casa Blanca y está diseñada en parte para desviar los ataques políticos contra el presidente por su manejo de la inmigración.
“Al promulgar una prohibición de asilo que es legalmente indistinguible de la prohibición de Trump que bloqueamos con éxito, no nos quedó más remedio que presentar esta demanda”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
La orden que Biden emitió la semana pasada limitaría el procesamiento de asilo cuando los encuentros con migrantes entre los puertos de entrada alcancen los 2,500 por día. Entró en vigor de inmediato porque las últimas cifras eran mucho más altas, alrededor de 4,000 por día.
Las restricciones estarían vigentes hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1,500 por día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días. Pero no está claro cuándo podrían bajar los cruces irregulares; la última vez que se registraron menos de 1,500 fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
La orden entró en vigor el 5 de junio y funcionarios de la Administración Biden dijeron que esperaban niveles récord de deportaciones.
Pero los defensores de los derechos argumentan que suspender el asilo para quienes llegan a un puerto de entrada oficial (algo que el Gobierno desea que hagan los migrantes) viola la ley federal de inmigración, entre otras preocupaciones que han planteado.
Biden invocó la misma autoridad legal utilizada por la Administración Trump para su prohibición del asilo, que se rige por la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite al presidente limitar las entradas de ciertos inmigrantes si su entrada se considera “perjudicial” para el interés nacional.
Biden ha criticado repetidamente las políticas de inmigración de Trump durante su campaña, y su administración argumenta que su directiva es diferente porque incluye varias exenciones por razones humanitarias. Por ejemplo, las víctimas de trata de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves no estarían sujetos a estos límites.
“Respaldamos la legalidad de lo que hemos hecho”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa This Week de la cadena ABC, antes de que se presentara la demanda, y en el que ya anticipaba los desafíos legales. “Respaldamos el valor de la propuesta”, recalcó.
Según la directiva de Biden, los migrantes que lleguen a la frontera pero no expresen temor de regresar a sus países de origen estarán sujetos a una expulsión inmediata de Estados Unidos, en cuestión de días o incluso horas. Esos inmigrantes podrían enfrentar castigos que podrían incluir una prohibición de reingresar al país por cinco años o incluso un proceso penal.
Mientras tanto, aquellos que expresen miedo o intención de solicitar asilo serán examinados por un funcionario de asilo estadounidense, pero con un estándar más alto que el utilizado actualmente. Si pasan la evaluación, pueden buscar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe devolver a las personas a un país donde es probable que enfrenten tortura.
