La Corte Suprema permitió este martes a la Administración Biden negarse a desembolsar fondos federales de planificación familiar a Oklahoma en un litigio relacionado con el aborto.
La Administración ha tratado de retener los fondos porque Oklahoma se negó a facilitar a las pacientes un número de teléfono directo que pudiera proporcionar información neutral sobre el aborto.
La breve orden de la corte que rechaza una solicitud de emergencia presentada por el estado señaló que tres de los seis jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— no estaban de acuerdo con el resultado. La corte no explicó los motivos de su decisión.
Según la ley federal de planificación familiar en cuestión, conocida como Título X, la financiación estatal no puede ser destinada al aborto. Pero la Administración Biden argumenta que eso no prohíbe al Gobierno exigir a los proveedores que garanticen a los pacientes el acceso a información pertinente.
Cuando el presidente, Joe Biden, tomó posesión de su cargo en 2021, su Administración promulgó una normativa similar a otras tomadas por administraciones anteriores que obligaban a los estados a ofrecer información objetiva a las pacientes embarazadas sobre cuestiones como la atención prenatal, la adopción y el aborto.
Además del requisito de que los proveedores proporcionen «asesoramiento no directivo» a las mujeres embarazadas, también exige que sea entregado un referido si es solicitado.
La nueva regulación sustituyó a una norma de la Administración Trump que prohibía cualquier referido para abortos.
En 2022, Oklahoma recibió la financiación tras cumplir con la norma, pero tras el fallo de la Corte Suprema de 2022 que anuló el derecho al aborto (Roe vs. Wade), el estado cambió de rumbo.
Oklahoma ahora prohíbe el aborto excepto cuando la vida de una mujer está en peligro y tiene una ley que penaliza animar a alguien a tener uno.
En un principio, el estado aceptó como compromiso proporcionar un número de teléfono directo a las pacientes que solicitaran información sobre abortos, pero posteriormente se negó a hacerlo.
La financiación del estado para 2023, por valor de 4.5 millones de dólares, fue entonces cancelada.
Oklahoma ya se había sumado a la impugnación de la normativa de la Administración, pero presentó una demanda aparte para acceder a la financiación del Título X.
Un juez federal de Oklahoma falló en contra del estado, al negarse a exigir a la Administración Biden que proporcionara el dinero. La Corte de Apelaciones del 10mo. Circuito de Estados Unidos, con sede en Denver, llegó a la misma conclusión, cuando afirmó que informar a las pacientes sobre la línea directa no constituía una referido para que tuvieran un aborto.
El estado recurrió entonces a la Corte Suprema en un intento de acceder a la financiación en el futuro.
Los abogados del estado argumentaron en parte que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no tiene autoridad para imponer nuevas condiciones a la financiación requerida en virtud del Título X.
Añadieron en documentos judiciales que la financiación es utilizada para proporcionar «servicios críticos de salud pública» en todo el estado.
«Privar a estas comunidades de los servicios del Título X sería devastador«, añadieron.
En representación de la Administración Biden, la procuradora general, Elizabeth Prelogar, escribió en un documento presentado en corte que la normativa del Título X está actualmente en vigor en los 50 estados.
«El Congreso condiciona habitualmente las subvenciones federales al cumplimiento de los requisitos contenidos en los reglamentos de las agencias, y esta corte ha confirmado repetidamente tales requisitos», añadió.
