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Una corte federal bloqueó este miércoles la Sección 10 de la ley migratoria SB 1718 de Florida, que penalizaba el traslado de personas que puedan haber emigrado al país de forma irregular, luego de que una coalición de organizaciones demandara en 2023 a la fiscal general del estado, Ashley Moody, por esta sección de la polémica norma, considerada como una de las más severas del país.
La demanda se presentó contra Ashley Moody y otros funcionarios estatales en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes, alegando que la ley “no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes”.
“La Sección 10 ha puesto a miles de floridianos y residentes de otros estados —tanto ciudadanos como no ciudadanos— bajo riesgo de ser arrestados, acusados e imputados por un delito grave al trasladar a una vaga categoría de inmigrantes a Florida, incluso por algo tan simple como conducir a un miembro de la familia a una cita médica o al ir a una vacación», reaccionó a la decisión la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) que lideró la querella.
La ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2023, fue calificada por los demandantes como inconstitucional, “discriminatoria contra los inmigrantes”, “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado” y una norma “diseñada a propósito para infligir crueldad”.
La decisión del juez impide que, mientras la disputa legal continúe, se ejecute esa sección específica de la normativa.
“Es una victoria que hacía mucha falta a los floridianos. Durante mucho tiempo, nuestro estado ha impuesto una barrera de leyes y políticas antiinmigrantes que perjudican a los ciudadanos y no ciudadanos por igual”, reaccionó Amien Kacou, abogado de ACLU, Florida.
La decisión, dijo, “reconoce el daño irreparable que la SB 1718 ha causado a los inmigrantes, familias, y sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del Gobierno federal”.
La norma fue aprobada el 2 de mayo por la Legislatura estatal de mayoría republicana y, una semana después, la firmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Tras su entrada en vigor, activistas y organizaciones de derechos humanos alertaron del impacto que tendría en la comunidad migrante, vital para el sector agrícola en el estado, así como para la economía. Noticias Telemundo reportó entonces el exilio de Florida de indocumentados, principalmente trabajadores agrícolas y de la construcción, que huyeron a otros sitios del país por temor.
La medida no solo castiga a empresas que empleen a indocumentados, sino a también a sus familiares y otros que los ayuden. Tampoco reconoce licencias de conducir emitidas por otros estados y obliga a algunos centros médicos a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes.
