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La Casa Blanca negó ante un tribunal federal que Elon Musk sea el encargado legal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una oficina creada por el presidente Donald Trump para reducir el gasto público de la Administración federal. En un documento presentado el lunes ante el tribunal del Distrito de Columbia, Joshua Fisher, director de Administración de la Casa Blanca, aclaró que Musk no ocupa ni el cargo de administrador ni de empleado del DOGE, a pesar de las afirmaciones anteriores que sugerían lo contrario.
El magnate, quien es conocido por ser el hombre más rico del mundo, sigue siendo un trabajador especial de la Casa Blanca, actuando como asesor del presidente, pero no tiene autoridad directa para tomar decisiones en la administración pública. En este sentido, el documento oficial no especifica quién es el encargado legal del DOGE, dejando en el aire la identidad de la persona responsable de esta oficina.
Demanda contra el DOGE y Musk
La declaración de la Casa Blanca llega en respuesta a una demanda presentada por fiscales demócratas de varios estados de EE. UU., quienes acusan a Trump de haber delegado en Musk una autoridad prácticamente ilimitada sobre el funcionamiento del DOGE. La demanda sostiene que Musk ejerce poder sobre la gestión de entidades gubernamentales sin la debida autorización del Congreso, lo que desata dudas sobre la legalidad de su papel en la administración.
Esta controversia está relacionada con la creación del DOGE, un departamento cuyo propósito es reducir la burocracia y hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno federal. A pesar de la afirmación oficial de la Casa Blanca, las declaraciones públicas de Trump, Musk y el DOGE durante los últimos meses no han aclarado completamente el rol del magnate en la oficina.
Cientos de manifestantes protestan contra las políticas y órdenes ejecutivas del presidente estadounidense Donald Trump. EFE/EPA/John G. Mabanglo
Musk y el DOGE: Creación y misión
Tras ganar las elecciones en noviembre del año pasado, Trump anunció la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, nombrando al frente del mismo a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy, un empresario que más tarde se desvinculó de la oficina. Desde su fundación, el DOGE ha sido un actor clave en los esfuerzos por reducir el tamaño y los costos de las agencias federales.
En declaraciones recientes, Musk explicó que uno de los principales objetivos del DOGE es la eliminación de agencias innecesarias y la reducción de la burocracia. Durante su última aparición en el Despacho Oval, Musk y Trump detallaron las acciones que han tomado para cumplir con estos objetivos, lo que incluye el desmantelamiento de entidades como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), responsables de supervisar a Wall Street y proteger a los consumidores.
Un comité de la Cámara Baja del Congreso analiza el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) liderado por Elon Musk, este 12 de febrero de 2025, en Washington. EFE/Will Oliver
Reacciones y preocupaciones sobre el poder de Musk
El poder que Musk ha acumulado dentro de la administración Trump ha generado preocupación en diversos sectores del gobierno, especialmente en aquellos que temen una concentración excesiva de poder en manos de un solo individuo. Esta preocupación se ha visto reflejada en la reciente decisión de un juez federal que bloqueó el acceso del DOGE al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, debido a la falta de una supervisión adecuada y la incertidumbre sobre la autoridad que Musk ejerce en la práctica.
El DOGE y su impacto en el gobierno federal
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tiene como misión principal reformar la estructura gubernamental de EE. UU., recortando el gasto y eliminando la burocracia innecesaria. Desde su creación, ha emprendido esfuerzos para reorganizar agencias y desmantelar estructuras que consideran ineficaces. Sin embargo, el trabajo del DOGE y la participación de Musk en esta labor han sido polémicos, dado que muchos observadores consideran que el empresario no debería tener tanto poder para influir en las políticas públicas sin el debido control y supervisión del Congreso.
