Las redadas en los domicilios de varios demócratas en el sur de Texas, en lo que el fiscal general del estado describió como una investigación en curso sobre la integridad de las elecciones, ha desencadenado un enfrentamiento con el grupo latino de derechos civiles más antiguo del país.
Las redadas del 20 de agosto afectaron a Manuel Medina, presidente de Tejano Democrats, a varios miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), a un candidato a la Cámara de Representantes del estado y a un alcalde de la zona.
Las redadas han provocado indignación y acusaciones de supresión de votantes en un estado con un largo historial de discriminación contra sus ciudadanos de ascendencia mexicana, que ayudó a dar origen a LULAC en 1929.
El lunes por la mañana, dirigentes de LULAC y algunas de las personas cuyos hogares fueron allanados protestaron ante la oficina en San Antonio del fiscal general, el republicano Ken Paxton.
“Esto es intimidación simple y llanamente, y LULAC luchará por el derecho de cada latino a ejercer el voto”, explicó Roman Palomares, presidente nacional de la organización.
Una copia de una orden de registro de amplio alcance entregada a una de las personas objeto de la investigación, la voluntaria de LULAC Lidia Martínez, de 87 años, de San Antonio, ofrecía una ventana a los intereses de la pesquisa. La orden autorizaba la incautación de todos los dispositivos electrónicos de su domicilio, permitía la apertura de documentos relacionados con la empresa, la organización o las elecciones y autorizaba la toma de muestras de ADN. Según el documento, el objetivo del registro era buscar pruebas de infracciones de las leyes electorales de Texas relativas a la captación de votos y fraude de identidad.
El ingreso al domicilio de Medina también fue “forzado” en la madrugada del 20 de agosto. Según un escrito de su abogado, los agentes despertaron a Medina, a su esposa y a sus dos hijas pequeñas, y “revolvieron la vivienda” durante siete horas, explicó el abogado, registrando las salas de estar, los armarios, la cocina, los baños, el garaje y las habitaciones de la familia. Los agentes incautaron 65 teléfonos móviles y 41 computadoras y dispositivos de almacenamiento.
Al abogado de Medina se le concedió su petición de impedir que el fiscal general o cualquier otro funcionario del estado revisara los documentos y se fijó una audiencia sobre el registro y las incautaciones para el 12 de septiembre.
“No hay impuesto electoral. No hay primarias sólo para blancos. No hay vuelta atrás. No volveremos atrás”, dijo Domingo García, expresidente de LULAC, durante la protesta del lunes. García dirige ahora un comité de acción política de LULAC de reciente creación que apoyó a Kamala Harris.
Paxton, quien anunció las redadas el jueves en un comunicado de prensa, ha sido franco en la promoción de afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral, en particular sobre los no ciudadanos que votan en las próximas elecciones.
“Hay una razón por la que Joe Biden trajo gente aquí ilegalmente”, mencionó Paxton en un programa de radio a principios de este mes. “Estoy convencido de que así es como lo van a hacer esta vez, van a utilizar el voto ilegal. ¿Por qué los trajeron, por qué trajo a 14 millones de personas? Los trajo para que votaran”.
Paxton también afirmó que los inmigrantes recibían números de la Seguridad Social en la frontera como parte del plan. No hay pruebas de ello, ni de que un número significativo de no ciudadanos hayan votado.
En el comunicado anunciando las redadas, Paxton agregó que su oficina no tendría más comentarios sobre la investigación. NBC News se puso en contacto con esta desde el viernes y no ha recibido respuesta.
Líderes latinos han pedido al Departamento de Justicia que investigue y alegan que las redadas son una maniobra política para suprimir el voto latino.
“Es vergonzoso e indignante que el estado de Texas, y su oficial de policía de más alto rango, esté utilizando una vez más el poder de su oficina para infundir miedo en los corazones de los miembros de la comunidad que ofrecen voluntariamente su tiempo para promover el compromiso cívico”, dijo Gabriel Rosales, director estatal de Texas de LULAC, que se centra en los derechos económicos, políticos y civiles de los latinos.
“Me he puesto en contacto con residentes de edad avanzada que están confundidos y asustados, preguntándose por qué han sido señalados. Las acciones del fiscal general Paxton tienen claramente como objetivo suprimir el voto latino mediante la intimidación y cualquier medio necesario para inclinar el proceso electoral a favor de sus aliados políticos”, añadió.
Cecilia Castellano, candidata al distrito 80 de la Cámara de Representantes del estado, mencionó que recibió una orden de registro de su teléfono poco después de las 6 de la mañana del mismo día que los demás.
“Todavía estaba dormida y me despertó el timbre de la puerta y luego un fuerte golpe”, agregó más tarde a NBC News. “Fui a la [puerta] principal y vi esas linternas parpadeando en mi casa”.
El agente compartió una copia de la orden de registro con Castellano y se marchó con su teléfono del trabajo.
Castellano indicó que el registro le pareció una intimidación política, y añadió que le habían dicho que otras dos personas que se habían ofrecido voluntarias para su campaña habían recibido órdenes de registro. Agregó que nunca había ayudado a nadie a registrarse para votar ni a votar por correo, y que no estaba segura de por qué la estaban investigando.
Se levantó temprano como de costumbre para regar sus plantas, Martínez respondió a un golpe en su puerta a las seis de la mañana y entró un grupo de hombres y mujeres armados con placas de policía y escudos antidisturbios, junto con una orden de registro, explicó a NBC News.
Aún en camisón, Martínez pidió cambiarse de ropa. En lugar de eso, comentó que la obligaron a sentarse en el comedor a responder preguntas mientras los agentes rebuscaban durante cuatro horas en casi todo lo que había en su casa de dos dormitorios. Dos de los agentes la vigilaban.
“Lo registraron todo. Mi ropa interior, mis sujetadores, mis camisones, todo”, mencionó Martínez. “Entraron en mi garaje. Abrieron mi coche y lo registraron todo, al igual que mi refrigerador, la alacena, todo”.
En la conferencia de prensa, Martínez insistió que durante aproximadamente media hora la hicieron permanecer de pie fuera de su casa, todavía en camisón, donde los vecinos podían verla, mientras los agentes registraban su comedor.
La mujer aseguró que no le dijeron lo que buscaban y que la interrogaron durante cuatro horas, preguntándole por Manuel Medina y por cuándo se había afiliado a LULAC.
Se marcharon con su agenda, su teléfono móvil, su ordenador portátil, tarjetas de registro de votantes en blanco y su certificado de haber realizado un curso de registro de votantes.
En la rueda de prensa, Martínez añadió que nueve personas se habían presentado en su puerta para ejecutar la orden de registro. Afirmó que su familia le pidió que dejara su trabajo voluntario con LULAC, así como cualquier esfuerzo de registro de votantes, porque temen que vaya a la cárcel.
