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Una jueza federal de California, Dolly Gee, ordenó este jueves que el gobierno cumpla con los términos del acuerdo judicial de 2022, que establece medidas para garantizar la protección de los menores migrantes detenidos en la frontera y asegura la reunificación familiar de aquellos que hayan sido separados durante el proceso migratorio. Esta decisión prorroga por 18 meses más las protecciones acordadas para los menores en custodia federal, lo que representa una victoria para los defensores de los derechos de los inmigrantes.
El acuerdo de 2022 y su impacto en los menores migrantes
El acuerdo de conciliación de 2022, que revisó y actualizó el conocido Acuerdo Judicial Flores de 1997, se firmó para garantizar condiciones adecuadas para los menores migrantes detenidos en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en las zonas fronterizas del sur y oeste de Texas. Bajo este acuerdo, el gobierno debe cumplir con estándares específicos en cuanto a la atención médica, la higiene, las condiciones de detención y la reunificación familiar de los menores no acompañados.
A pesar de que el acuerdo de 2022 estaba programado para expirar este miércoles, la jueza Gee, tras recibir testimonios de migrantes y revisar los datos presentados por el gobierno, decidió extender la vigencia del acuerdo por otros 18 meses, con la posibilidad de más prórrogas si no se cumplen las condiciones establecidas.
Las consecuencias del incumplimiento de CBP
El acuerdo judicial, que permite el monitoreo independiente de las condiciones en las que se mantienen a los menores bajo custodia federal, surge como respuesta a los continuos informes sobre malas prácticas y condiciones inhumanas en los centros de detención de CBP. La organización Children’s Rights, parte demandante en el caso, celebró esta extensión, señalando que se trata de una medida fundamental para garantizar que el gobierno respete los derechos de los niños migrantes.
“Es crucial que el gobierno cumpla con los estándares básicos de tratamiento para los niños detenidos, y esta decisión representa una afirmación de los derechos humanos de los menores bajo custodia federal”, declaró la organización. Los informes sobre el trato a los niños detenidos incluyen denuncias de largas estancias en celdas sin ventanas, acceso limitado a atención médica y la separación injustificada de niños de sus familias.
Una mujer posa con la aplicación móvil CBP One en su teléfono, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Caroline Brehman
La batalla legal por los derechos de los menores migrantes
El Acuerdo Judicial Flores, que toma su nombre de Jenny Lisette Flores, una niña salvadoreña que fue detenida en condiciones deplorables por la Patrulla Fronteriza en 1985, estableció precedentes para la protección de los menores en la frontera. Desde su implementación, el acuerdo ha sido revisado y modificado varias veces, en parte debido a los cambios en las políticas migratorias de los diferentes gobiernos de EE.UU.
La jueza Gee, quien ha sido una figura clave en la defensa de este acuerdo, ha enfrentado repetidos intentos por parte de los gobiernos de turno de modificar o eliminar las protecciones para los menores detenidos. Durante la administración de Trump, por ejemplo, se intentó deshacer el acuerdo para permitir la detención indefinida de las familias migrantes, pero la jueza rechazó esas propuestas, señalando que no se presentaba nueva evidencia que justificara tal cambio.
Los detalles del acuerdo de 2022
El acuerdo de 2022 no solo amplía las protecciones para los menores, sino que también establece un proceso para la transición hacia el autocontrol de la CBP, permitiendo que la agencia tome las riendas del monitoreo de las condiciones de detención. Sin embargo, la jueza Gee ya había extendido el monitoreo independiente en varias ocasiones debido a la falta de progreso por parte de CBP en el cumplimiento de los estándares requeridos.
Entre las principales disposiciones del acuerdo de 2022 se encuentran: la obligación de mantener a los menores junto a sus familias siempre que sea posible, la obligación de garantizar que los niños reciban atención médica adecuada, el acceso a servicios legales, la provisión de un ambiente adecuado para menores y el acceso a actividades recreativas. El acuerdo también prohíbe las prácticas de detención prolongada en condiciones inadecuadas y exige que los menores tengan acceso a sus derechos fundamentales.
Fuente: CBP Facebook
Reacción de los defensores de los derechos de los niños
El Centro Nacional de Derecho Juvenil (NCYL) y otras organizaciones de derechos humanos que han estado involucradas en el caso expresaron su satisfacción por la extensión de 18 meses del acuerdo judicial. Mishan Wroe, abogado principal del NCYL, celebró la decisión, señalando que la Corte ha reafirmado la necesidad de proteger los derechos de los niños migrantes. “Nos alivia saber que la Corte ha asegurado que el gobierno cumpla con sus obligaciones legales y que los niños no tengan que vivir en condiciones inhumanas», dijo Wroe.
Por su parte, los abogados de Children’s Rights subrayaron que este fallo mantiene la presión sobre la CBP para que rinda cuentas por su trato a los menores. “Nunca dejaremos de luchar por la seguridad y la dignidad de todos los niños detenidos”, afirmaron.
