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El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) se declaró en huelga de hambre este lunes como medida de protesta contra el juicio que enfrenta por su fallido intento de golpe de Estado en 2022. Las audiencias de este juicio, que comenzaron la semana pasada, se están llevando a cabo en un contexto de alta tensión política, donde el exmandatario considera que ya se ha anticipado su condena.
Pedro Castillo y su protesta ante el juicio por rebelión
A través de una carta publicada en su cuenta oficial de la red social X, Pedro Castillo, firmada como «presidente en cautiverio», manifestó que está «recluido injustamente» por actos que asegura no cometió. En la misiva, el exmandatario también criticó duramente a la jueza encargada de su caso, asegurando que ha «adelantado opinión» y que la acusación en su contra por rebelión está forzada. Castillo denunció que las autoridades judiciales han manipulado el proceso para justificar su condena.
«He decidido acatar, a partir de la fecha, una huelga de hambre, acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo», escribió Castillo, quien fue acompañado de su abogado Walter Ayala en la firma de la carta.
Rechazo al tribunal y el proceso judicial
En declaraciones a la emisora RPP, el abogado Walter Ayala confirmó que está representando a Castillo en este proceso, pero enfatizó que su cliente exige que se cambie al tribunal que lo está procesando. A pesar de que la sala de juicio ya rechazó la recusación contra una de las magistradas, Ayala sigue luchando por la revisión del caso.
El abogado criticó abiertamente la acusación de rebelión, argumentando que el fallido autogolpe no tuvo ningún respaldo de las Fuerzas Armadas, lo que debería invalidar dicha acusación. Según Ayala, el juicio está mal planteado porque, al no haberse concretado el golpe de Estado ni haber un levantamiento armado, no se puede acusar a Castillo de rebelión.
Fotografía de archivo del expresidente peruano Pedro Castillo llegando a un juicio en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Reclamaciones internacionales sobre el juicio a Castillo
El equipo legal de Castillo también está buscando apoyo de organismos internacionales para que intervengan en la defensa de los derechos humanos del expresidente. A través de sus representantes, se han dirigido a entidades como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Perú, con la esperanza de que estos organismos resguarden los derechos fundamentales de Castillo y aseguren un juicio justo.
Fiscalía pide 34 años de cárcel para Pedro Castillo
En el transcurso de la audiencia que se llevó a cabo el jueves pasado, la Fiscalía peruana solicitó una condena de 34 años de prisión para Pedro Castillo por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave afectación de la tranquilidad pública. Durante la audiencia, Castillo reiteró que su encarcelamiento es injusto, ya que considera que su único «delito» fue «defender al pueblo».
El exmandatario insistió en que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para someterlo a juicio, pues, según su versión, no hubo levantamiento armado ni apoyo de las Fuerzas Armadas en su fallido intento de golpe. A pesar de las declaraciones de Castillo, el presidente de la sala de juicio, José Neyra, explicó que el expresidente tenía la oportunidad de presentar su defensa en el proceso, pero que, para cumplir con los requisitos legales de un juicio, era necesario contar con un abogado.
El presidente peruano, Pedro Castillo, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar
Defensores de Castillo y la asignación de un abogado público
En la misma audiencia, la directora de debates, Norma Carbajal, ratificó que se había asignado al defensor público Edgar Callahualpa para representar a Pedro Castillo, ya que el exmandatario no había acreditado a un abogado privado para su defensa.
A pesar de las tensiones en el juicio, los abogados de Castillo han continuado defendiendo su posición, insistiendo en que el proceso está lleno de irregularidades y no refleja los hechos tal como ocurrieron. La crítica principal de los defensores de Castillo es que la acusación de rebelión no tiene sustento legal, dado que no hubo enfrentamientos ni un levantamiento armado como se habría requerido para justificar tal acusación.
Rechazo a los cargos contra exministros de Castillo
Al mismo tiempo, los abogados de los exministros de Castillo también han rechazado los cargos presentados por la Fiscalía. Entre ellos se encuentran los defensores de la ex primera ministra Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huertas y los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero. Los abogados de Chávez, en particular, afirmaron que «no existe una sola evidencia escrita o testigo» que demuestre su participación en el delito de rebelión o que haya instigado el alzamiento armado.
En defensa de su cliente, el abogado de Chávez señaló que las Fuerzas Armadas no brindaron apoyo a Castillo durante el intento de golpe y que la ex primera ministra simplemente había llamado a la población a manifestarse pacíficamente ante el intento de destitución del presidente por parte del Congreso.
