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El Ministerio de Capital Humano de Argentina, bajo la dirección de Sandra Pettovello, apeló este miércoles una decisión judicial que le prohibió suspender las ayudas sociales a quienes participen en manifestaciones. Esta medida había sido adoptada por el Ministerio a principios de 2024 como parte de las políticas del gobierno de Javier Milei.
El Ministerio de Capital Humano anunció su apelación mediante un comunicado, en el cual destacó que la condición de vulnerabilidad de una persona no justifica su participación en actos violentos o contrarios a la ley. El Ministerio afirmó que tales actos, además de afectar los derechos de otros, no pueden ser protegidos por las ayudas sociales.
El origen de la polémica medida sobre ayudas sociales en Argentina
La controversia comenzó en diciembre de 2023, pocos días después de que Sandra Pettovello asumiera su cargo dentro del Gobierno de Javier Milei. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano anunció que excluiría de los programas sociales ‘Volver al Trabajo’ y ‘Acompañamiento Social’ a aquellos beneficiarios que participaran en protestas, bloqueos de calles y actos de violencia que alteraran el orden público. La medida fue ratificada mediante una resolución publicada en abril de 2024.
Esta decisión fue interpretada por muchos como un intento del gobierno de frenar las manifestaciones que, según algunas autoridades, alteraban la paz social y el funcionamiento de la vida cotidiana. Sin embargo, esta medida fue rápidamente cuestionada por diversos sectores sociales, especialmente aquellos que representan a los trabajadores informales y a los sectores más vulnerables.
El fallo judicial y la respuesta del gobierno argentino
El conflicto legal escaló cuando, a mediados del año pasado, el juez federal Martín Cormick aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que buscaba anular la resolución del Ministerio. Según el juez, los criterios establecidos por el gobierno para excluir a los manifestantes de los programas sociales “revisten indicios de ilegitimidad”, ya que atentan contra el derecho a ser escuchados, lo cual podría causar un daño irreparable a las personas en situación de vulnerabilidad.
El dirigente de la UTEP, Nicolás Caropresi, criticó la decisión del gobierno y destacó la contradicción que representa quitar el salario social complementario por ejercer el derecho a la protesta. «Elegimos el camino judicial porque con este Gobierno no hay diálogo», comentó Caropresi en una entrevista con EFE.
Imagen de archivo de un hombre camina frente a integrantes de la policía durante una manifestación en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Las tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales
El Ministerio de Capital Humano, por su parte, defendió la medida señalando que los beneficios sociales no deberían ser un incentivo para participar en actos de violencia. En su comunicado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó que la resolución judicial beneficiaría a las «mafias» que extorsionan a los sectores más empobrecidos, obligándolos a participar en manifestaciones a cambio de ayudas sociales.
Por otro lado, las organizaciones sociales, que representan a millones de trabajadores informales y personas en situación de pobreza, consideraron que la medida era un ataque directo al derecho a la protesta y a la libertad de expresión. A través de varios comunicados, destacaron que la resolución del Ministerio vulneraba derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de aquellos que luchan por condiciones laborales más justas.
El Ministerio de Capital Humano enfrenta otros desafíos legales y sociales
Además del conflicto por las ayudas sociales, el Ministerio de Capital Humano también ha tenido que enfrentar otros contratiempos. A finales de mayo pasado, el Ministerio reconoció que tenía almacenados millones de kilos de alimentos próximos a su vencimiento en depósitos estatales. Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó que los alimentos fueran distribuidos de inmediato, lo que también fue apelado por el Ministerio, llevando el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Este incidente resalta uno de los problemas más graves que enfrenta el gobierno de Milei: la gestión de recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, las relaciones entre el Ministerio y las organizaciones sociales han sido tensas. Las críticas al manejo de los planes sociales y las ayudas económicas han sido una constante.
