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El régimen de excepción en El Salvador cumplirá tres años a finales de marzo de 2025, luego de la reciente prórroga aprobada este martes por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista. La medida de seguridad, que ha sido renovada en múltiples ocasiones, sigue siendo un tema de debate debido a su impacto en los derechos humanos y la seguridad pública en el país centroamericano.
¿Qué implica el régimen de excepción en El Salvador?
El régimen de excepción fue aprobado en 2022 por el gobierno de Nayib Bukele en respuesta a un alarmante aumento de violencia, con 62 homicidios ocurridos en un solo día en marzo de ese año. Este régimen suspende varias garantías constitucionales en el país, tales como la detención provisional sin juicio, que se extendió de 72 horas a 15 días, y la intervención de las telecomunicaciones sin la necesidad de una orden judicial.
La prórroga más reciente fue aprobada con 57 votos a favor de los 60 diputados, permitiendo que el régimen continúe hasta el mes de abril de 2025. Este tipo de medidas ha sido respaldado por el gobierno, pero también ha generado múltiples críticas de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Fotografía de archivo de un cerco militar instalado por el Gobierno como parte del régimen de excepción en la comunidad «La Granjita», de San Salvador (El Salvador). EFE/ Miguel Lemus
La respuesta del gobierno y sus efectos sobre la seguridad
El gobierno salvadoreño ha defendido el régimen de excepción, asegurando que ha permitido la captura de más de 87.000 personas vinculadas a actividades delictivas, la incautación de miles de armas de fuego, vehículos y teléfonos celulares. Además, las autoridades sostienen que ha contribuido significativamente a la reducción de homicidios en el país.
En marzo de 2024, El Salvador alcanzó una cifra de 1,9 homicidios por cada 100,000 habitantes, una disminución drástica en comparación con los 38,2 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados en 2019, cuando Bukele asumió la presidencia. Según los datos oficiales, esta caída en la tasa de homicidios es un claro indicio de la efectividad del régimen, lo cual ha sido un argumento principal del gobierno para justificar las renovaciones del régimen de excepción.
Denuncias y críticas sobre el régimen de excepción
A pesar de las cifras que muestran una disminución en la violencia, diversos organismos de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han expresado su preocupación por las violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos bajo el régimen de excepción. Se ha reportado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, la detención arbitraria de miles de personas, incluidas mujeres y menores de edad, y condiciones inadecuadas en los centros de detención.
Fotografía de archivo de guardias en el interior del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la nueva cárcel construida por el Gobierno de El Salvador, en Tecoluca (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Human Rights Watch, por ejemplo, ha documentado que más de 3,000 menores de edad han sido detenidos como parte del régimen de excepción. Estas prácticas han generado una creciente presión para que el gobierno de Bukele reevalúe su enfoque y busque alternativas que respeten los derechos humanos sin comprometer la lucha contra el crimen.
Sin embargo, el gobierno de El Salvador ha rechazado estas denuncias, argumentando que el régimen de excepción es necesario para garantizar la seguridad en el país, especialmente frente a las organizaciones criminales, principalmente las pandillas, que han operado con impunidad en diversas regiones.
¿Qué ha motivado la nueva prórroga del régimen de excepción?
El gobierno de Bukele solicitó la nueva prórroga del régimen de excepción tras argumentar que ha identificado nuevos riesgos en la estructura de las pandillas. Según las autoridades, estas organizaciones criminales están utilizando a mujeres en posiciones de liderazgo dentro de sus estructuras y reclutando menores de edad en centros educativos para sus actividades ilícitas. El gobierno también ha destacado que las pandillas se financian mediante la venta de drogas en pequeñas cantidades y el robo en el transporte público.
