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El juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo, iniciado este martes, marca un hito histórico en el país, debido a su implicación en el fallido golpe de Estado de 2022. La fiscal Galinka Meza afirmó que este juicio «no tiene precedentes en la historia de Perú«, destacando la magnitud de los cargos presentados contra Castillo, quien podría enfrentar una pena de hasta 34 años de prisión.
El inicio del juicio a Pedro Castillo
Este juicio, que fue formalmente instalado en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tiene lugar en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, ubicado al este de Lima, donde Castillo permanece recluido desde el 7 de diciembre de 2022. Ese día, el expresidente intentó realizar un golpe de Estado al anunciar, a través de un mensaje televisado, su decisión de disolver el Congreso y tomar el control del poder en el país.
La fiscalía ha solicitado que se impongan 34 años de prisión a Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
Los coacusados y las solicitudes de pena
Aparte de Pedro Castillo, están siendo procesados otros implicados en el intento de golpe. Entre ellos se encuentran los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior, Willy Huerta, y tres expolicías. Para estos acusados, la fiscalía ha solicitado penas de prisión que oscilan entre los 25 y 15 años, dependiendo de su grado de implicación en los hechos ocurridos el 7 de diciembre.
El expresidente de Perú Pedro Castillo llega al juicio en su contra este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Pedro Castillo se niega a aceptar el juicio
Antes de que el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, diera inicio formal al juicio, Pedro Castillo manifestó que este proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado. El expresidente entregó sus datos personales y expresó su negativa a ser juzgado por lo que considera un juicio «pantomímico». En su carta publicada en la red social X, Castillo expresó que, como presidente constitucional, no aceptaba el juicio y se consideraba «secuestrado» en el penal de Barbadillo.
Castillo también se negó a aceptar la designación de un defensor público, insistiendo en que su derecho a una defensa no debía verse condicionado a un juicio que, según él, carecía de legalidad.
Los hechos imputados a Pedro Castillo
Durante la presentación de los alegatos, la fiscal Galinka Meza detalló los hechos que vinculan a Pedro Castillo con los delitos que se le imputan. Según la fiscalía, un día antes del intento de golpe, Castillo pidió la renuncia del comandante general del Ejército. Además, coordinó el mensaje a la nación con sus principales colaboradores, como los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y Betsy Chávez.
El 7 de diciembre de 2022, mientras Castillo se preparaba para emitir su mensaje, la entonces primera ministra, Betsy Chávez, convocó al gabinete en el Palacio de Gobierno, y su equipo de prensa se encargó de la transmisión del mensaje en vivo. Según la fiscalía, Castillo también ordenó bloquear el acceso al Congreso y dirigirse hacia la embajada de México en Lima, buscando asilo político, que finalmente fue otorgado a su esposa y dos hijos menores de edad.
La entonces expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez participa en un juicio este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Rebelión, abuso de autoridad y perturbación pública: los cargos de la fiscalía
La fiscal Meza acusó a Pedro Castillo de ser el autor intelectual del delito de rebelión, ya que, en su rol como presidente, habría buscado modificar el régimen constitucional de manera ilegítima. También se le acusa de abuso de autoridad, dado que habría ordenado medidas para proteger a sus familiares y coacusados, además de intentar detener a la Fiscal de la Nación.
Uno de los cargos más graves que enfrenta Castillo es el de grave perturbación de la tranquilidad pública, ya que su mensaje causó gran alarma en la población, dado el caos y las medidas de control que implementó de manera unilateral.
Una seguidora de Pedro Castillo se manifiesta frente a policías este martes, en los exteriores de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES), en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
La defensa de Pedro Castillo: un juicio político
En la misma audiencia, Pedro Castillo se expresó nuevamente sobre su posición. En su carta de siete páginas, difundida en la red social X, Castillo afirmó que su mensaje televisado no fue un «mensaje a la nación», como lo presentó la fiscalía, ya que no fue aprobado ni por el Consejo de Ministros, como establece la Constitución. Castillo insistió en que su discurso no constituyó un golpe de Estado ni ningún levantamiento armado, ya que no pidió a nadie que tomara las armas.
El expresidente también destacó que, según su punto de vista, el juicio contra él era de carácter político y no tenía fundamento jurídico. Agradeció a su abogado anterior, Luis Walter Medrano, por su trabajo, y nombró a un nuevo defensor, Iber Antenor Maraví, para su defensa legal.
