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El jueves pasado, México extraditó a 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos” y presunto fundador del cártel de Guadalajara. Además de Caro Quintero, fueron extraditados Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias “Z 40” y “Z 42”. La medida generó gran expectación debido a la magnitud de los implicados en el tráfico de drogas y su conexión con algunos de los cárteles más poderosos del mundo.
Según la Fiscalía General de México, los extraditados eran solicitados por Estados Unidos debido a sus vínculos con organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas, especialmente cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. Estos individuos son considerados responsables de la importación masiva de estas sustancias a EE. UU., además de ser vinculados con actos de violencia relacionados con su actividad criminal.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) destacó que los extraditados son líderes y gerentes de cárteles de drogas recientemente designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Entre ellos se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste (anteriormente Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y el cártel del Golfo.
Las razones de la extradición de Caro Quintero y otros narcotraficantes
El caso de Rafael Caro Quintero es particularmente significativo debido a su historial como uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses. Fue detenido en 1985 y condenado por su participación en el asesinato de Enrique «Kiki» Camarena, un agente de la DEA. Sin embargo, Caro Quintero fue liberado en 2013 por un tecnicismo legal, lo que generó un enorme escándalo en ambos países. Su extradición a EE. UU. se había pospuesto en múltiples ocasiones, pero finalmente se concretó en el marco de una serie de extradiciones de alto perfil.
El juez Robert M. Levy aclaró que Caro Quintero fue expulsado de México bajo una disposición de la ley de seguridad nacional, la cual permite que el Gobierno mexicano expulse a un individuo sin necesidad de seguir el proceso formal de extradición. Este mecanismo es visto por algunos como una respuesta rápida a las presiones internacionales sobre México para combatir el narcotráfico.
La cooperación entre México y EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico
Las extradiciones se produjeron el mismo día que se llevó a cabo una reunión en Washington entre el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México explicó que las extradiciones fueron realizadas en el marco de los acuerdos de cooperación internacional entre ambos países, mientras que el Departamento de Estado de EE. UU. reconoció que este proceso es el resultado de la negociación “desde una posición de fuerza” de la Casa Blanca.
La cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado es un tema recurrente en las relaciones entre México y Estados Unidos, pero las extradiciones también han generado interrogantes sobre los términos de esta colaboración. Especialmente porque, según algunos expertos, nunca antes se había dado una operación de extradición de esta magnitud entre ambos países.
Las bases legales de la extradición
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, argumentó que las extradiciones se realizaron en cumplimiento de la legislación mexicana. En una conferencia de prensa, Gertz explicó que se actuó conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional mexicana, que permite la extradición de aquellos responsables de delitos que obstaculicen las operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. Asimismo, señaló que la Convención de Palermo, que promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, fue un marco legal fundamental para esta decisión.
“Hubo una solicitud debidamente fundada del Gobierno de Estados Unidos, y esa fue la razón por la que se activó el procedimiento”, afirmó Gertz. El fiscal insistió en que México había cumplido con su compromiso y que, más allá de la presión, el proceso se había realizado dentro de los límites legales y constitucionales.
Reacciones y consecuencias de la extradición
La extradición de estos narcotraficantes ha tenido un gran impacto tanto en México como en Estados Unidos. Para el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, esta medida fue vista como un “mensaje” claro del gobierno mexicano para demostrar su voluntad de colaborar con Washington en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, para otros analistas, la extradición tiene un matiz político importante, pues podría ser vista como una forma de mejorar la relación bilateral en momentos de tensiones por otros temas, como la migración y el comercio.
El diplomático mexicano Eduardo Roldán destacó que las relaciones entre México y Estados Unidos han cambiado en los últimos meses. “Estamos en la mesa como invitados. Ya no somos el menú, como éramos en el pasado”, dijo Roldán, haciendo referencia a la nueva dinámica que ha surgido en las negociaciones entre ambos países.
Por otro lado, el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, apuntó que, aunque la Casa Blanca quiera atribuirse todo el crédito de la extradición, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha demostrado desde el inicio de su mandato una clara intención de colaborar con EE. UU. en el combate al narcotráfico. Según Vigil, Sheinbaum ha intentado establecer un intercambio de información y de inteligencia, mientras que el gobierno de Donald Trump, en su opinión, ha estado más centrado en las amenazas y en la presión.
El impacto de la extradición en la política interna
La extradición de Caro Quintero y otros narcotraficantes también tiene implicaciones para la política interna de México. Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada, señaló que esta operación representa un giro significativo en la forma en que México maneja las solicitudes de extradición, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en la relación entre ambos países. La medida refleja una mayor disposición de México para cumplir con las solicitudes de Estados Unidos, aunque también plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia.
Para muchos mexicanos, esta extradición representa una victoria en la lucha contra el narcotráfico, aunque otros advierten que sigue siendo solo un primer paso en un conflicto mucho más complejo que requiere un enfoque integral para abordar la violencia y el tráfico de drogas en ambos países.
La extradición de estos 29 narcotraficantes de alto perfil marca un hito en la cooperación entre México y Estados Unidos, pero también subraya la creciente importancia de los acuerdos bilaterales en temas de seguridad y justicia, los cuales seguirán siendo fundamentales para la política de ambos países en los años venideros.
