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HRW denuncia ataque a la independencia judicial en Argentina por parte de Milei
La ONG Human Rights Watch (HRW) expresó este miércoles su condena ante la decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de nombrar por decreto a dos jueces del Tribunal Supremo. HRW consideró esta acción como un «ataque grave» a la independencia del máximo órgano judicial del país. Este nombramiento se produce tras la imposibilidad de los candidatos de obtener los dos tercios de apoyo necesarios en el Senado, según lo estipulado por la Constitución argentina.
La responsable para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, indicó que esta es una de las acciones más preocupantes contra la independencia judicial en Argentina desde el regreso de la democracia, alertando sobre las implicaciones que podría tener para el Estado de derecho en el país.
El nombramiento de jueces por decreto, un paso controvertido
La decisión de Javier Milei de nombrar a los magistrados Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto ha generado una gran controversia. Según la Constitución argentina, para que los nombramientos sean válidos, los candidatos deben obtener una aprobación de dos tercios del Senado. Sin embargo, los candidatos propuestos no lograron este respaldo, lo que llevó al presidente a actuar por decreto.
El mandatario argentino justificó su decisión al argumentar que el Tribunal Supremo no puede funcionar adecuadamente con solo tres magistrados, por lo que se hizo necesario este nombramiento para «normalizar el funcionamiento» del tribunal. Sin embargo, la medida ha sido calificada por HRW como un intento de debilitar las instituciones democráticas del país y una violación a los principios fundamentales de separación de poderes.
La Constitución y la controversia sobre el nombramiento presidencial
A pesar de que la Constitución argentina permite al presidente realizar nombramientos durante un receso del Congreso, HRW recordó que estos nombramientos están sujetos a la aprobación del Senado una vez que se reanuden las sesiones. El Senado tiene la facultad de destituir a estos jueces por cualquier motivo, lo que coloca la decisión de Milei en un terreno jurídico delicado.
La ONG hizo un llamado a la Cámara Alta para que someta a votación las designaciones de los jueces tan pronto como se reanuden las sesiones, lo que está previsto para el 1 de marzo. HRW instó al Senado a «estar a la altura de las circunstancias» y garantizar que cualquier nombramiento en la Corte Suprema cuente con el debido consentimiento legislativo.
El papel del Senado y la defensa del Estado de derecho en Argentina
Human Rights Watch subrayó la importancia de que las instituciones democráticas argentinas se mantengan firmes en la defensa del Estado de derecho. La organización señaló que los nombramientos por decreto, sin la debida aprobación del Senado, socavan el principio fundamental de la separación de poderes y pueden generar precedentes peligrosos en el futuro.
La presión sobre el Senado es ahora más fuerte que nunca, ya que la Cámara Alta tiene la responsabilidad de evitar que se sigan realizando nombramientos sin el consentimiento adecuado. La ONG destacó que el Senado debe actuar de manera rápida y decidida para asegurar que se respete la Constitución y se protejan los principios democráticos del país.
El impacto de la decisión de Milei en la democracia argentina
La elección de dos jueces por decreto por parte de Javier Milei ha suscitado una profunda preocupación en distintos sectores políticos y sociales en Argentina. Además de la crítica de HRW, otras voces dentro del país también han señalado los riesgos que conlleva esta medida para el futuro del sistema judicial y democrático de Argentina. Si bien el nombramiento fue justificado como una necesidad para el funcionamiento del Tribunal Supremo, muchos temen que esta acción sea una forma de concentrar poder y debilitar los frenos y contrapesos que aseguran la independencia judicial.
El futuro de la Corte Suprema de Justicia y su capacidad para actuar como un órgano autónomo depende ahora de las decisiones que tome el Senado en los próximos días. La sociedad argentina observa atentamente este desarrollo, ya que la transparencia y la fortaleza de las instituciones judiciales serán claves para mantener la estabilidad democrática del país.
