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Fiscal de Nueva York demanda a empresas de vapeo por favorecer una «epidemia»
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el pasado jueves una demanda contra trece de las principales empresas distribuidoras de productos de vapeo en los Estados Unidos. El objetivo es acusarlas de violar las leyes estatales y fomentar lo que James califica como una «epidemia del vapeo», especialmente entre la población más joven.
El vapeo en Nueva York: una crisis de salud pública
En la demanda presentada, James señala a varios de los fabricantes y distribuidores más conocidos del mercado de los cigarrillos electrónicos, como Puff Bar, Demand Vape, Evo Brands y Safa Goods. Las empresas están acusadas de comercializar de forma ilegal productos de vapeo con sabores, los cuales han ganado una notable popularidad entre los adolescentes y jóvenes.
La fiscal general de Nueva York argumenta que estas compañías han estado vendiendo cigarrillos electrónicos de sabores como caramelo y frutas a menores de edad, un producto que contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, las empresas han engañado a los consumidores, especialmente a los jóvenes, haciéndoles creer que estos productos son seguros y legales.
El impacto del vapeo en los jóvenes de Nueva York
James subraya que las empresas demandadas no han recibido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para comercializar estos productos. Esto implica que su venta es ilegal bajo la legislación federal. La fiscal también destacó que, a pesar de que el Estado de Nueva York prohibió la venta de cigarrillos electrónicos con sabores en 2020, las empresas acusadas han seguido vendiendo estos productos en el mercado.
El consumo de cigarrillos electrónicos con sabores se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública en el estado, ya que está vinculado al aumento de casos de adicción a la nicotina entre los adolescentes. Este fenómeno ha provocado un cambio en las tendencias del consumo de tabaco, donde cada vez más jóvenes se sienten atraídos por los vapeadores por su sabor y su percepción errónea de ser más seguros que los cigarrillos tradicionales.
Solicitudes de sanciones millonarias por parte de la fiscalía
La Fiscalía de Nueva York busca que las empresas demandadas enfrenten sanciones económicas millonarias, además de ser sometidas a juicio por su participación en la «epidemia del vapeo». James está exigiendo que estas compañías paguen por los daños y perjuicios causados y que se les impongan severas penalidades por el incumplimiento de las leyes locales, estatales y federales.
El Estado también solicita que se imponga una prohibición permanente de la venta de estos productos en Nueva York. La fiscal general expresó su preocupación por el impacto negativo que estas prácticas de marketing engañosas han tenido en la salud pública, especialmente en los jóvenes. James enfatizó que las tácticas de las empresas de vapeo no solo están dirigidas a los menores, sino que también promueven una imagen del vapeo como una alternativa «más saludable» al tabaco, lo que no es cierto.
Marketing engañoso y la influencia en los jóvenes
Una de las acusaciones más fuertes de la fiscalía es que estas empresas de vapeo han empleado estrategias de marketing dirigidas específicamente a los jóvenes. Según James, las campañas publicitarias de estas compañías se han centrado en redes sociales y en el uso de influencers para promocionar sus productos. Los empaques brillantes y coloridos son otro elemento que se ha utilizado para atraer la atención de los adolescentes y hacer que los productos de vapeo parezcan inofensivos.
Estas tácticas son vistas por la fiscalía como una forma de manipular a los jóvenes para que inicien el consumo de nicotina a una edad temprana, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para su salud. Además, la fiscal aseguró que las empresas demandadas han hecho caso omiso de las leyes que buscan proteger a los menores de edad, favoreciendo únicamente su beneficio económico a expensas de la salud pública.
