Trump pausa beneficios para migrantes con ‘parole’ humanitario y otros permisos temporales. Además, suspende fondos para niños indocumentados no acompañados.
Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) han decidido «pausar administrativamente» todas las solicitudes de beneficios en trámite de inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario CHNV. Este programa, que protege a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ha sido suspendido temporalmente mientras se realiza una revisión adicional para detectar posibles fraudes o riesgos para la seguridad pública y nacional, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y confirmó CBS News.
Esta pausa también afecta a refugiados ucranianos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la invasión rusa, así como al programa de reunificación familiar (FRP), el cual permite a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba y Haití reunirse con familiares en el país.
El DHS explicó que existen preocupaciones sobre la seguridad y la veracidad de la información proporcionada en las solicitudes, las cuales no estaban siendo revisadas de manera adecuada en el sistema de adjudicación. Se menciona, además, una suspensión similar que ocurrió durante la administración de Joe Biden, la cual duró algunos meses.
Un día después de asumir la presidencia, Donald Trump firmó una directiva para restringir y eventualmente eliminar el programa CHNV, argumentando que se había abusado del parole humanitario para permitir el ingreso masivo de migrantes. Según datos de USCIS, hasta finales de 2024 habían ingresado a Estados Unidos bajo este programa 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos, con permisos de residencia y trabajo por dos años.
El programa CHNV fue implementado por Joe Biden en octubre de 2022 inicialmente para venezolanos y luego ampliado en enero de 2023 para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses. En octubre de 2024, Biden anunció que no renovaría estos permisos humanitarios, lo que obligaría a los beneficiarios a buscar otras alternativas migratorias o salir del país una vez que expiraran sus permisos. Hasta julio de 2024, más de 2.6 millones de personas de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba habían solicitado ingresar a Estados Unidos a través de este programa, de los cuales aproximadamente dos millones aún estaban esperando aprobación.
Impacto de la decisión
La suspensión administrativa del programa ha generado incertidumbre entre miles de migrantes que se encuentran en un limbo legal, ya que sus solicitudes no serán procesadas hasta nuevo aviso. Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han denunciado que esta pausa podría afectar gravemente la estabilidad de estas personas, muchas de las cuales ya han establecido una vida en EE.UU. con trabajo y comunidad.
Diversos analistas políticos también han advertido que la medida podría ser una estrategia del gobierno de Trump para reducir la inmigración y reforzar su postura en la política migratoria antes de las elecciones. A pesar de la incertidumbre, la administración ha asegurado que continuará evaluando el programa para determinar su futuro.
Suspensión de fondos para asistencia legal a niños migrantes
En una medida que ha generado duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, la administración de Donald Trump ordenó la suspensión de los fondos gubernamentales destinados a servicios legales para niños migrantes no acompañados.
Según CNN, esta decisión afecta a miles de menores que cruzaron la frontera sin la compañía de un adulto, dejándolos en una situación vulnerable ante un sistema migratorio complejo. La orden, enviada por el Departamento del Interior al Acacia Center for Justice, instruye a los proveedores de asistencia legal a cesar inmediatamente sus actividades.
El impacto de esta decisión también alcanza a otras organizaciones que dependen de contratos federales para ofrecer apoyo legal a menores bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice, advirtió que esta suspensión compromete gravemente los derechos de los menores, muchos de los cuales han sufrido traumas severos y ahora enfrentan un mayor riesgo de abuso y explotación.
Consecuencias legales y sociales
El sistema migratorio de EE.UU. es notoriamente complejo, y los niños no acompañados tienen enormes dificultades para navegarlo sin representación legal. Los servicios legales financiados por el gobierno han sido fundamentales para ayudar a los menores a conocer sus derechos y acceder a opciones como el asilo o visas especiales para jóvenes en situación de vulnerabilidad. No obstante, con la suspensión de estos fondos, las organizaciones podrían verse obligadas a depender de sus propios recursos, algo que no es sostenible a largo plazo, ya que los niños migrantes generalmente no pueden costear abogados.
Organizaciones como el Florence Immigrant & Refugee Rights Project y el Immigrant Defenders Law Center han denunciado que sin representación legal, muchos menores podrían ser deportados sin la oportunidad de presentar su caso, incluso si tienen razones válidas para permanecer en el país. Además, la falta de asistencia legal expone a los niños a riesgos adicionales, como el abuso y la explotación dentro de los centros de detención.
Reacciones y críticas
La decisión del gobierno de Trump ha sido ampliamente rechazada por grupos defensores de los derechos humanos y organizaciones legales. Lindsay Toczylowski, presidenta del Immigrant Defenders Law Center en California, acusó a la administración de abandonar a los niños migrantes por razones políticas y denunció que están siendo dejados a su suerte en un sistema extremadamente complicado.
Otras organizaciones afectadas incluyen el Estrella del Paso en Texas y el National Immigrant Justice Center en Illinois, las cuales han advertido que la falta de representación legal aumenta significativamente el riesgo de deportación para los menores, incluso si tienen razones válidas para permanecer en el país.
Mientras tanto, la administración de Trump ha defendido la medida como parte de sus esfuerzos para reformar el sistema migratorio y frenar la inmigración ilegal, aunque críticos consideran que está perjudicando gravemente a los sectores más vulnerables.