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La jueza federal de distrito, Tanya Chutkan, convocó una audiencia inusual este lunes, a pesar del feriado del Día de los Presidentes, para analizar el caso presentado por 13 fiscales generales de estados gobernados por el Partido Demócrata. La disputa se centra en proteger las agencias gubernamentales del acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el equipo liderado por Elon Musk, según informes de Reuters.
Audiencia sobre el acceso de DOGE a agencias gubernamentales
A pesar de que las cortes federales suelen estar cerradas en días festivos, Chutkan convocó una audiencia el domingo para revisar los argumentos de los fiscales generales, quienes solicitaron una orden temporal para restringir el acceso de DOGE a los sistemas de información de agencias clave como el Departamento de Trabajo, Educación, Salud, Energía, Comercio y la Oficina de Gestión de Personal.
El DOGE, liderado por Elon Musk, ha generado controversia por su intento de tomar control de diversos aspectos del Gobierno federal. Los fiscales argumentan que Musk y su equipo han recibido un poder que solo corresponde a oficiales gubernamentales designados por el presidente y confirmados por el Senado, en virtud de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de EE. UU.
El magnate y empresario Elon Musk, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds
El impacto del acceso de Musk a sistemas sensibles
En medio de esta batalla legal, NBC News reveló que un empleado del Servicio de Impuestos Internos (IRS), vinculado a DOGE, ha solicitado acceso al Sistema Integrado de Recuperación de Datos (IDRS), que contiene información altamente sensible de los contribuyentes. Este sistema permite a los empleados del IRS acceder a detalles como números de identificación fiscal, cuentas de jubilación y documentos relacionados con adopciones pendientes.
El acceso a este tipo de información es muy restringido. Según el IRS, los empleados solo pueden acceder a las cuentas que son necesarias para realizar sus labores. El IRS prohíbe a sus empleados acceder a las cuentas de personas con las que tengan intereses personales, como amigos o familiares.
La controversia sobre la legalidad del acceso de DOGE
Los fiscales generales de los estados demandantes afirman que la autoridad otorgada a Musk y su equipo es inconstitucional. Sostienen que el acceso al sistema IDRS y otros recursos gubernamentales por parte de DOGE no ha sido autorizado por el Congreso, y que el poder de Musk para controlar aspectos del Gobierno debería ser sometido a un proceso legislativo más riguroso.
Un portavoz de la Casa Blanca defendió la decisión de permitir que Musk y DOGE accedan a estos sistemas, argumentando que el propósito del acceso es identificar y corregir el despilfarro y el fraude en el sistema gubernamental. Según Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, DOGE tiene la misión de exponer el fraude y garantizar que los ciudadanos estadounidenses conozcan cómo se están utilizando sus impuestos.
El poder de DOGE en agencias gubernamentales
Desde su creación, DOGE ha puesto su mira en varias agencias gubernamentales con el fin de recortar gastos que considera superfluos. Este esfuerzo ha llevado a Musk y su equipo a obtener acceso a información confidencial de diferentes departamentos. Se ha informado que DOGE ya ha tenido acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, que alberga información sensible como números de la Seguridad Social.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, también declaró que Trump autorizó a Musk a acceder a los datos de la FEMA (Agencia Federal para la Gestión de Emergencias), así como a otras agencias clave, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
El magnate Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), durante un acto en la Casa Blanca el 11 de febrero de 2025. EFE/Aaron Schwartz/Pool
La demanda de los fiscales y la respuesta de la Casa Blanca
Los fiscales generales han solicitado a la jueza Chutkan una orden temporal para restringir el acceso de DOGE a estos sistemas hasta que se pueda presentar una solicitud de orden más permanente. En su demanda, argumentan que la magnitud del poder otorgado a Musk podría tener implicaciones constitucionales graves, dado que se asemeja a las funciones de un funcionario público designado por el presidente.
Por otro lado, el portavoz de la Casa Blanca sostuvo que este tipo de medidas son necesarias para desmantelar lo que consideran un sistema ineficiente, plagado de fraude y despilfarro. Según Fields, «el público estadounidense merece saber cómo se están gastando sus impuestos», y DOGE está tomando medidas para garantizar la transparencia y eficiencia en el Gobierno.
