La Fiscalía Regional de Coquimbo ha comenzado nuevas diligencias investigativas relacionadas con una querella interpuesta contra el presidente chileno Gabriel Boric, tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Estado. El Ministerio Público está evaluando el proceso en el que se contrató al abogado Jonatan Valenzuela, quien firmó un contrato millonario con el Gobierno para representar al mandatario en el marco de esta investigación.
Investigación sobre la contratación de Jonatan Valenzuela
El pasado lunes, la Fiscalía Regional de Coquimbo aceptó a trámite una nueva querella contra Boric, interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana. Esta querella acusa al presidente de malversación de caudales públicos debido al contrato firmado con el abogado Valenzuela. El acuerdo establece que Valenzuela representaría al Presidente Boric en la investigación sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende, un incidente que ha generado gran controversia.
El monto de este contrato es superior a los $13 millones y está siendo examinado por el Ministerio Público, que ha solicitado al Gobierno documentación relacionada con la contratación de Valenzuela. Además, se está evaluando si se citará a declarar al presidente Boric, a su abogado defensor y a otros involucrados en el proceso.
Fotografía cedida por la Presidencia de Chile del presidente de Chile Gabriel Boric hablando durante la inauguración de la 14º edición del Congreso Futuro este lunes, en Santiago (Chile). EFE/ Presidencia de Chile /
Petición de documentos y resolución sobre la contratación de Valenzuela
Una de las diligencias clave que está llevando a cabo la Fiscalía es la solicitud de los documentos oficiales que permitieron la contratación del abogado Jonatan Valenzuela. La Fiscalía ha pedido al Gobierno que entregue la resolución que autoriza dicha contratación, así como todos los documentos relacionados con el contrato firmado.
De acuerdo con lo informado por La Tercera, el Ministerio Público también está revisando posibles comunicaciones entre los involucrados y los documentos relevantes que pudieran existir para clarificar si se cometió algún delito. Esta investigación forma parte del proceso más amplio relacionado con la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
Evaluación sobre si Boric debe declarar ante la Fiscalía
En medio de las investigaciones, la Fiscalía está evaluando la posibilidad de citar a declarar al presidente Gabriel Boric y a su abogado defensor. Aunque aún no se han tomado decisiones definitivas, la Fiscalía ha señalado que antes de convocar a estas personas a declarar, se recabarán más antecedentes sobre el caso.
Raimundo Palamara, líder de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en este caso, ha insistido en que el uso de recursos públicos para financiar la defensa privada de Boric podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. Palamara señala que el Gobierno, al haber financiado la defensa del presidente con dinero público, estaría incurriendo en un acto ilegal.
Fotografía de archivo de Presidente Gabriel Boric. EFE/ Elvis González
Malversación de caudales públicos: ¿delito cometido por el Gobierno?
El principal argumento de la Fundación Fuerza Ciudadana es que el Presidente Boric y su administración cometieron un delito al destinar recursos públicos para costear su defensa privada en el caso relacionado con la compra fallida de la casa de Salvador Allende. Según la interpretación del querellante, el uso de dinero público para una defensa privada contraviene la Ley de Malversación de Caudales Públicos, y por lo tanto, debería ser penado.
Palamara afirmó que, si el Gobierno reconoció el error de la compra de la casa, al menos en cuanto a su vinculación con la ministra y la senadora, lo lógico hubiese sido no recurrir al presupuesto general del Estado para financiar una defensa legal privada. En su opinión, el acto de utilizar estos recursos para defenderse penalmente va en contra de la legalidad.