RADIO EN VIVO
La justicia boliviana emitió este viernes una sentencia condenatoria para tres exministros del gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020). Los exfuncionarios fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses de prisión por gestionar de manera irregular ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios durante la crisis política de 2019, en un caso conocido como «Gases», informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Exministros de Áñez condenados por irregularidades en compra de equipos antidisturbios
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien actualmente cumple condena en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, fue uno de los sentenciados en este caso. Junto a él, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien se encuentra refugiado en Paraguay, y la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien solicitó asilo en Perú, también recibieron la misma pena.
En total, el tribunal dictó una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para estos exfuncionarios por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios, y otros delitos relacionados con el caso «Gases». Además, Héctor Pérez, exmilitar y asistente de López, fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel. Los sentenciados deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado boliviano.
Fotografía de archivo de 2020 en la que se obserrva a la entonces presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. EFE/Str
Detalles de la compra irregular de equipos antidisturbios
El caso «Gases» se centra en la compra irregular de equipos antidisturbios, específicamente gases lacrimógenos, durante el gobierno de Áñez en 2019. El Gobierno de Luis Arce ha señalado que, aunque se pagaron 5,6 millones de dólares por la compra de estos equipos, solo se cancelaron 3,3 millones de dólares, lo que genera un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Este proceso de adquisición fue investigado inicialmente por los exministros Murillo y López, quienes fueron involucrados en la contratación de la empresa encargada de la venta de los materiales. Posteriormente, se estableció que Roxana Lizárraga también tenía participación en el caso, lo que llevó a su inclusión en la lista de sentenciados.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró que el Estado boliviano ha cumplido con la población al llevar a cabo este proceso judicial por los «lamentables hechos ocurridos en 2019». En su veredicto, el tribunal también absolvió de pena y culpa a otros imputados, entre ellos, Rodolfo Antonio Montero, en relación con los delitos de tráfico ilícito de armas y otros cargos.
Investigaciones adicionales sobre el caso
El gobierno boliviano ha mantenido abierta la investigación sobre los presuntos vínculos con el gobierno de Ecuador. En ese contexto, se investiga si el Ejecutivo de Áñez recibió «municiones de guerra» desde Ecuador, aunque hasta el momento no se ha logrado comprobar este hecho.
Según información proporcionada por la Fiscalía, al menos 5.000 unidades de granadas de mano, junto con 2.389 proyectiles de largo alcance, 560 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores, ingresaron a Bolivia durante ese período. La Fiscalía también investiga a un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por la presunta adquisición de «material antidisturbio y agentes químicos» desde Argentina, que también habrían sido utilizados en 2019.
Fotografía de archivo de 2021 en la que se obsderva a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (c) al ser trasladada a una prisión, en La Paz (Bolivia). EFE/ Stringer
Contexto de la crisis política de 2019
La crisis política y social de 2019 se desencadenó después de las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de ese año, en las cuales Evo Morales intentaba obtener un cuarto mandato consecutivo. Morales renunció tras la controversia por los resultados de las elecciones, alegando ser víctima de un supuesto «golpe de Estado».
Para el oficialismo, la expresidenta Jeanine Áñez asumió el cargo de presidenta de manera irregular, ya que consideraban que vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Áñez, por su parte, defendió su ascenso a la presidencia alegando que lo hizo en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Morales y de los principales funcionarios que debían asumir la presidencia de acuerdo con la Constitución.
