RADIO EN VIVO
Juez congela plan de Trump para incentivar retiros voluntarios de empleados federales. Al menos 60,000 trabajadores ya habían aceptado oferta. Hay riesgo de que no reciban salario de salida por falta de autorización del Congreso.
Un juez federal en Boston, Massachusetts, detuvo temporalmente el plan de incentivos para que empleados federales renuncien a sus puestos, extendiendo el plazo límite, que originalmente vencería este jueves 6 de febrero, al menos hasta el próximo lunes 10, cuando se llevará a cabo una nueva audiencia. Según NBC News, alrededor de 60,000 empleados ya habían aceptado la oferta propuesta por el presidente Donald Trump.
El juez de distrito George A. O’Toole, Jr. anunció la suspensión del programa después de una audiencia breve, con el objetivo de dar más tiempo a las partes involucradas, incluyendo sindicatos que se oponen al plan, para presentar sus argumentos. Como parte de la orden judicial, las agencias federales deben informar a sus empleados sobre esta pausa. El juez no emitió una opinión sobre el fondo del programa y programó una nueva audiencia para el lunes.
Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el Gobierno espera que más empleados se sumen al plan y animó a los trabajadores federales a aceptar lo que describió como una «oferta generosa».
Mientras tanto, una empleada federal en la costa noroeste del país expresó sus dudas sobre si aceptar el incentivo financiero sin precedentes ofrecido por el Gobierno. Bajo condición de anonimato por temor a represalias, la trabajadora consideró usar el dinero para mudarse al extranjero, pero se preguntó si la oferta era demasiado buena para ser cierta o si podría ser una estrategia para identificar empleados desleales.
Su situación refleja la incertidumbre de muchos otros empleados federales, que conforman la fuerza laboral más grande del país, con más de dos millones de trabajadores en diversas áreas.
El programa de renuncia incentivada forma parte del plan del presidente Trump para reformar el Gobierno federal, reduciendo lo que sus aliados llaman el «estado profundo», que, según ellos, obstaculizó su primer mandato (2017-2021). Los funcionarios argumentan que el plan ahorraría dinero de los contribuyentes al ofrecer a los empleados una «oportunidad única» de dejar sus puestos y seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre.
El miércoles 5 de febrero, la Administración intensificó la presión sobre los empleados, advirtiendo que podrían enfrentar despidos o suspensiones si no aceptaban la oferta. Un comunicado de la Oficina de Gestión de Personal señaló que muchas agencias podrían reducir su personal mediante reestructuraciones y recortes. Además, el mensaje enfatizó que los empleados que permanezcan en sus puestos deberán demostrar «lealtad» y estarán sujetos a estándares más estrictos de conducta. También se mencionó que algunos podrían ser reclasificados para limitar sus protecciones laborales.
Los demócratas han comunicado que no acepten el programa, ya que no fue autorizado por el Congreso, lo que aumenta el riesgo de que no reciban sus pagos.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, calificó el programa como una «estafa» y recomendó a los trabajadores no aceptarlo. Una empleada del Departamento de Educación, bajo anonimato, expresó que la Administración parecía desesperada por lograr que la gente firmara el acuerdo, pero señaló varias señales de alerta, como una cláusula que impide demandar al Gobierno si incumple el acuerdo.
Trump designó a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa radical para reducir el tamaño y alcance del Gobierno federal.
El correo electrónico que ofrecía el programa de renuncia se tituló «Encrucijada», recordando un mensaje similar que Musk envió a los empleados de Twitter después de adquirir la plataforma.
Asimismo, funcionarios de la Administración Trump han organizado sesiones de preguntas y respuestas para los empleados a medida que se acerca la fecha límite. Rachel Oglesby, jefa de personal del Departamento de Educación, afirmó que Trump busca reducir la fuerza laboral federal y cumplir su promesa de reformar el servicio civil.
Sin embargo, las garantías no han calmado las preocupaciones de un gran número de empleados, quienes desconfían de la validez de las ofertas y del historial de Trump como empresario.
SE REGISTRAN PROTESTAS
Se han registrado manifestaciones aisladas frente a edificios federales, como la ocurrida en la Oficina de Gestión de Personal. Dante O’Hara, quien afirma trabajar para el Gobierno, expresó: “Estoy tomando un riesgo y actuando con valentía, intentando motivar a más empleados federales a alzar la voz. Porque si no lo hacemos, todos perderemos nuestros trabajos y se ocuparán esos puestos con personas leales a Trump o individuos que se convertirán en sus seguidores más fieles”.
Los empleos gubernamentales siempre se habían considerado seguros, pero O’Hara dijo que ahora hay miedo en la fuerza laboral. La sensación de sus colegas es “no sé si voy a estar aquí mañana porque no sabemos qué va a pasar”.
