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México continúa su batalla legal contra los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal que alimenta la violencia en el país. En este contexto, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión en Washington D.C. con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México en dos demandas clave que buscan responsabilizar a las empresas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas hacia México.
La reunión crucial en Washington D.C.
El encuentro, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo como objetivo supervisar la preparación de la audiencia programada para el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de los Estados Unidos. En dicha audiencia se decidirá si las empresas demandadas podrán alegar inmunidad, a pesar de que sus prácticas contribuyen al flujo de armas ilegales hacia México. Este caso es uno de los pilares de la estrategia legal de México para combatir el tráfico de armas.
Según instrucciones del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, la reunión en Washington D.C. permitió consolidar la estrategia legal que ha llevado a México a demandar a varios fabricantes y distribuidores de armas. La decisión del máximo tribunal estadounidense podría tener repercusiones no solo para el caso en cuestión, sino también para la política sobre el tráfico de armas en general.
EFE
Avances en la demanda contra los fabricantes de armas
Además de la audiencia en la Suprema Corte, México ha dado avances en otras etapas de la batalla legal. En particular, se discutió la estrategia en la demanda interpuesta en Arizona, que recientemente avanzó a una nueva fase destinada a la recopilación de pruebas. Este caso es clave para México, pues representa un esfuerzo continuo para frenar el tráfico de armas, especialmente hacia las regiones fronterizas, donde el acceso ilegal a las armas ha exacerbado la violencia.
México inició esta lucha legal en 2021, con una demanda presentada en Massachusetts contra ocho fabricantes y distribuidores de armas. Este primer paso fue un hito en la campaña legal del país contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos. En 2022, la ofensiva se amplió a una segunda demanda en Arizona, dirigida contra cinco tiendas que operan en la frontera y están involucradas en la venta y distribución de armas de fuego.
Cámara de Diputados/EFE
El impacto del tráfico de armas en México
Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. (ATF, por sus siglas en inglés), cada año se trafican de manera ilegal hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de Estados Unidos. Este flujo masivo de armas ha tenido consecuencias devastadoras en la seguridad de México, alimentando el crimen organizado y la violencia en varias regiones del país.
La negligencia de los fabricantes y vendedores de armas en EE. UU. ha sido señalada como una de las principales causas de este fenómeno. A menudo, los distribuidores no verifican adecuadamente el destino final de las armas, lo que permite que estas lleguen a manos de grupos criminales en México. Este tráfico ilegal de armas ha agravado la situación de violencia que enfrenta el país, especialmente en las zonas más afectadas por el crimen organizado.
La postura de México ante el derecho internacional
El gobierno mexicano, bajo la dirección del canciller Juan Ramón de la Fuente, ha dejado claro su compromiso de explorar todas las vías legales disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, para frenar el tráfico de armas hacia el país. En este sentido, las demandas contra las empresas estadounidenses son solo una parte de una estrategia más amplia para abordar la violencia derivada del acceso ilícito a las armas.
México no solo ha recurrido a las cortes nacionales, sino que también ha buscado apoyo en foros internacionales para fortalecer su postura. El país sigue presionando para que el tráfico de armas sea reconocido como una amenaza para la seguridad regional, y que los responsables de facilitar este tráfico enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
