Una jueza federal escuchó este miércoles los argumentos sobre la suspensión temporal dictada contra la orden ejecutiva de Donald Trump, que busca eliminar el derecho a la ciudadanía de cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluso si se encuentra en el país de forma temporal o irregular. La jueza decidió dictaminarla de forma indefinida, lo que significa que, hasta que la corte tome una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, el decreto no podrá entrar en vigor como estaba previsto para este mes, a menos que se revoque la congelación judicial antes.
El impacto del decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
La orden presidencial ya estaba suspendida a nivel nacional debido a una demanda presentada por cuatro estados ante una corte en Washington. Un total de 22 estados y varias organizaciones se han sumado a la lucha legal para frenar el decreto. La jueza federal de distrito Deborah Boardman, quien escuchó los argumentos a favor de la congelación del decreto en su corte federal de Maryland, contó con el apoyo de grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, además de algunas mujeres embarazadas que consideran que el decreto les afectaría directamente.
La lucha judicial para frenar la orden ejecutiva de Trump
La demanda se fundamenta en que la orden de Trump podría contravenir la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Dicha enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de este país, independientemente de la nacionalidad de sus padres. La orden de Trump, por su parte, argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
El Gobierno de Trump defendió su postura asegurando que la Constitución no otorga de manera implícita la ciudadanía a los hijos de personas que han violado las leyes federales de inmigración. Según el Ejecutivo, la 14ª Enmienda no contempla que los hijos de personas que están en el país sin permiso o que han eludido las leyes migratorias puedan obtener la ciudadanía por nacimiento.
El principio de la ciudadanía por nacimiento en la Constitución de EE.UU.
La 14ª Enmienda fue añadida tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y afroamericanos libres. El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento, conocido como jus soli o «derecho de suelo», establece que cualquier persona nacida en los Estados Unidos es automáticamente un ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Este principio es compartido por solo 30 países en el mundo, entre ellos Canadá y México, y ha sido un pilar fundamental de la democracia estadounidense. A lo largo de los años, la ciudadanía por nacimiento ha permitido que generaciones de inmigrantes y sus descendientes se integren plenamente a la sociedad estadounidense.
Tres embarazadas demandan al Gobierno de Trump por intentar quitar la ciudadanía por nacimiento
Entre las demandas interpuestas en este caso, tres mujeres embarazadas se han unido a la causa, argumentando que la orden presidencial afectaría directamente a sus hijos por nacer. La decisión del gobierno de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento ha generado una gran incertidumbre, especialmente entre las comunidades inmigrantes, que temen que esta medida los despoje de derechos fundamentales.
En paralelo a las demandas en contra del decreto, 18 fiscales generales republicanos anunciaron que defenderán la orden ejecutiva uniéndose a una de las demandas presentadas en New Hampshire. Sin embargo, la disputa legal sobre la constitucionalidad de la medida continúa en las cortes federales.
El principio de jus soli y su relevancia en Estados Unidos
El principio de jus soli, que otorga la ciudadanía por nacimiento en el territorio, es uno de los pilares de la ley estadounidense. Estados Unidos es uno de los pocos países que mantiene esta práctica, que ha sido fundamental para el desarrollo de una sociedad diversa y multicultural. Sin embargo, la nueva postura del gobierno de Trump amenaza con cambiar este concepto que ha existido durante más de un siglo, y ha abierto un intenso debate sobre los derechos civiles y las leyes de inmigración en el país.