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Este martes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la nueva Ley Antiterrorista, una de las piezas clave de la agenda de seguridad de su Gobierno. La ley, que reemplaza la normativa anterior de 1984, amplía los criterios para calificar una acción como terrorista y endurece las penas para quienes participen en actividades terroristas. Esta reforma busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en el país.
¿Qué establece la nueva Ley Antiterrorista en Chile?
La nueva Ley Antiterrorista de Chile marca un cambio significativo respecto a la legislación anterior, nacida en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Gabriel Boric, en un discurso tras la promulgación, destacó que la ley actualizada tiene como objetivo combatir el crimen organizado y proporcionar nuevas herramientas para enfrentar la delincuencia, a través de instituciones más fuertes y policías mejor equipadas.
Según Boric, «Chile no se arrodilla frente a la delincuencia», y subrayó que esta ley representa un esfuerzo por poner al país en mejores condiciones para enfrentar los desafíos del crimen. La actualización de la ley es parte de un conjunto más amplio de reformas en materia de seguridad, que incluye también el fortalecimiento de las fronteras y la creación de nuevas instituciones.
Fotografía cedida por presidencia de Chile, del presidente, Gabriel Boric durante su discurso, hoy en la localidad de Río Hurtado, en la región de Coquimbo (Chile). EFE/ Presidencia de Chile
Cambios clave en la Ley Antiterrorista de Chile
Una de las principales reformas de la nueva ley es que ya no será necesario probar un ánimo terrorista para poder sancionar un delito, lo que simplifica el proceso judicial. En lugar de esa difícil prueba, la ley incluye varios otros elementos que pueden ser considerados al calificar un acto como terrorista. Esta medida busca evitar los obstáculos que presentaba la legislación anterior, la cual muchas veces resultaba ineficaz en los tribunales.
La nueva Ley Antiterrorista también introduce penas más severas para los miembros de “asociaciones terroristas”. Estos individuos pueden ser condenados a penas de prisión de entre 5 y 15 años por el simple hecho de pertenecer a una organización terrorista. Si se cometen otros delitos adicionales, las penas pueden acumularse, lo que aumenta el alcance de la sanción. Asimismo, la ley castiga el financiamiento y la colaboración con grupos terroristas, con penas de prisión para quienes ayuden a estos grupos.
El artículo polémico de la Ley Antiterrorista: El uso de tecnología invasiva
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva Ley Antiterrorista es un artículo que permite el uso de tecnología invasiva, conocida como «Imsi-Catcher», en las investigaciones relacionadas con el terrorismo. Esta herramienta permite interceptar metadatos de la ubicación de teléfonos móviles en un amplio radio de acción, lo que podría incluir no solo al objetivo de la investigación, sino también a quienes se encuentren en su cercanía.
Fotografía cedida por la Presidencia chilena que muestra al presidente de Chile, Gabriel Boric, mientras ofrece declaraciones hoy, en Santiago (Chile). EFE/Presidencia de Chile
Este artículo generó divisiones dentro de la coalición de Gobierno, con la izquierda —incluyendo al Partido Comunista y el Frente Amplio, donde milita Boric— rechazando su implementación. Sin embargo, la centro-izquierda apoyó la medida, y el Gobierno se ha distanciado de las críticas, asegurando que el uso del Imsi-Catcher es adecuado y necesario para la lucha contra el terrorismo.
El impacto de la Ley Antiterrorista en la seguridad de Chile
La promulgación de la Ley Antiterrorista forma parte de una serie de medidas tomadas por el Gobierno de Boric para hacer frente a la creciente inseguridad en el país. La crisis de seguridad en Chile se ha visto exacerbada por la llegada del crimen organizado transnacional, lo que ha provocado un aumento significativo en la tasa de homicidios. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en Chile ha subido de 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,3 homicidios en 2023.
