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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una reforma constitucional que transformará profundamente el sistema político del país. Esta reforma, que fue aprobada en segunda y definitiva legislatura, elimina el equilibrio de poderes y consolida un poder absoluto en manos del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La medida ha generado gran controversia a nivel internacional, siendo rechazada por organizaciones como la ONU, la OEA y el gobierno de Estados Unidos.
Reformas clave que alteran la estructura política
El proceso de reforma fue extenso, modificando 148 de los 198 artículos de la Constitución. Entre las reformas más notorias, se incluye la derogación de 37 artículos, como el que prohibía la práctica de la tortura. De acuerdo con los nuevos cambios, el período presidencial se amplía de 5 a 6 años, y se introduce la figura de la «copresidenta», otorgando un nuevo nivel de poder a Rosario Murillo.
Además, se establece que el presidente de Nicaragua tiene la facultad de «coordinar» los distintos «órganos» del Estado, que a partir de ahora dejarán de ser considerados poderes independientes. En esta reforma también se legaliza la apatridia, lo que podría tener implicaciones significativas para ciertos sectores de la población.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de archivo. EFE/ Ronald Peña R.
Expansión de la autoridad presidencial
Una de las reformas más controvertidas es la que fortalece el poder del Ejecutivo, al definir a Nicaragua como un Estado «revolucionario» en el que el pueblo ejerce el poder de manera directa a través de la Presidencia. Esta enmienda especifica que el presidente no solo dirige el gobierno, sino que también coordina los otros órganos del Estado, incluidos los legislativo, judicial y electoral, así como los entes autónomos.
Además, se establece que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Esta concentración de poder en la figura presidencial tiene implicaciones significativas sobre la separación de poderes, un principio fundamental en las democracias modernas.
Creación de nuevas fuerzas de seguridad
La reforma constitucional también crea nuevas estructuras de seguridad, como las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria». Estos nuevos cuerpos de seguridad, que según los opositores podrían funcionar como fuerzas parapoliciales o paramilitares, serán parte integral del Ejército y la Policía Nacional.
Las fuerzas de reserva patriótica estarán compuestas por exoficiales y soldados que han pasado a la condición de retiro, mientras que la policía voluntaria estará formada por ciudadanos que, de manera voluntaria, se alisten para apoyar a las fuerzas de seguridad nacionales. Este tipo de estructuras de seguridad, según críticos, podrían ser utilizadas para reprimir a la oposición y neutralizar cualquier intento de protesta en el futuro.
Fotografía de archivo de la fachada del edificio de la Asamblea Nacional en Managua (Nicaragua). EFE/STR
Vigilancia y control de los medios
Otro aspecto relevante de la reforma es la supervisión que el Estado ejercerá sobre los medios de comunicación. Según la reforma, se prohíbe que los medios estén «sometidos» a intereses extranjeros y que divulguen noticias falsas que puedan afectar los derechos de los ciudadanos nicaragüenses. Este control sobre los medios de comunicación refuerza las críticas sobre la falta de libertad de prensa y la creciente concentración de poder en manos del gobierno.
Respuesta internacional y reacciones
La reforma ha sido duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional. La ONU y la OEA han señalado que estas reformas atentan contra los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Además, grupos opositores aseguran que esta reforma es parte de un proceso más amplio de consolidación del poder por parte de Ortega y su esposa, eliminando cualquier competencia política y cercenando las libertades fundamentales de los nicaragüenses.
A pesar de las críticas y protestas, Ortega ha defendido las reformas, argumentando que son necesarias para adaptar la Constitución a la «realidad social» del país. Según él, toda constitución debe evolucionar para reflejar los cambios y las necesidades del pueblo, y la reforma es un paso hacia una mayor «democracia directa» en Nicaragua.
