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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para discutir la posibilidad de deportar a miembros del Tren de Aragua, una de las pandillas más peligrosas de América Latina. Este acuerdo, que podría incluir la repatriación de estos presuntos criminales, será uno de los puntos clave de la reunión, según Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina.
El Tren de Aragua: Un desafío para la seguridad regional
El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de la región. Originarios de Venezuela, los miembros de esta banda se han expandido a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Brasil y, por supuesto, El Salvador. Su influencia se ha consolidado principalmente en el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas. El gobierno de Estados Unidos ha estado bajo presión para tomar medidas más firmes contra estas organizaciones criminales, que afectan tanto a su seguridad interna como a la estabilidad regional.
El secretario Rubio ha señalado la importancia de frenar la expansión de bandas como el Tren de Aragua, que han demostrado una capacidad para operar en múltiples países, desafiando a las fuerzas de seguridad locales y extranjeras. «Estamos buscando hacer un nuevo acuerdo que podría incluir a los miembros del Tren de Aragua, que preferirían regresar a Venezuela en lugar de compartir prisión con otras pandillas, como la MS-13», indicó Claver-Carone.
EFE/MICHAEL REYNOLDS
La seguridad en El Salvador y la política de Bukele
Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Nayib Bukele ha lanzado una agresiva campaña de seguridad en El Salvador para combatir la violencia generada por las pandillas. A través de su estrategia, el gobierno salvadoreño ha arrestado a decenas de miles de personas bajo sospecha de ser miembros de estas organizaciones. En los últimos años, El Salvador ha logrado reducir significativamente su tasa de homicidios, que previamente era una de las más altas del mundo.
A pesar de los logros, la política de Bukele ha sido objeto de controversia. Activistas de derechos humanos han denunciado que las nuevas leyes de seguridad permiten que la policía detenga a ciudadanos sin pruebas suficientes, lo que ha resultado en numerosas acusaciones de abusos y detenciones arbitrarias. Además, el gobierno salvadoreño inauguró en 2024 una nueva prisión de máxima seguridad para presuntos pandilleros, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Este centro ha sido criticado por su enfoque duro hacia los detenidos, aunque el gobierno lo ve como un paso necesario para garantizar la seguridad nacional.
