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La Junta Educativa de Oklahoma aprobó este martes por unanimidad una propuesta que exige a los padres presentar una prueba de ciudadanía o del estatus migratorio legal de sus hijos antes de inscribirlos en las escuelas públicas. Esta medida, que aún debe ser refrendada por el Congreso estatal y el gobernador (ambos republicanos), no impide que los estudiantes sin estatus legal sean inscritos, aunque busca recabar información sobre la cantidad de estudiantes inmigrantes en las escuelas de la región.
La nueva propuesta para verificar el estatus migratorio
El superintendente educativo estatal, Ryan Walters, quien pertenece al Partido Republicano, argumentó que esta medida tiene como propósito “contar cuántos estudiantes de inmigrantes ilegales hay en las escuelas”. Según Walters, la recopilación de esta información permitirá ubicar de manera más eficiente al personal y distribuir los recursos en función de la cantidad de estudiantes inmigrantes en las aulas. La medida también refleja la preocupación de algunos legisladores republicanos por la educación pública de los menores sin estatus migratorio.
Aunque la propuesta ha generado controversia, no impide que los niños indocumentados se inscriban en las escuelas. Esto se debe a un fallo de la Corte Suprema en 1982 que refrendó el derecho de los niños sin estatus legal a recibir educación en el país. Sin embargo, algunos legisladores republicanos han cuestionado la necesidad de permitirles el acceso a las escuelas públicas, especialmente en un contexto donde se continúa discutiendo el futuro de los inmigrantes en Estados Unidos.
Protestas y reacciones en contra de la medida
Mientras la Junta Educativa de Oklahoma aprobaba la medida, cientos de manifestantes, entre ellos estudiantes y defensores de los derechos civiles, se reunieron a las puertas de la sede para mostrar su desacuerdo. La propuesta, que algunos consideran discriminatoria, ha generado temor en la comunidad migrante del estado, quienes se preguntan si deberían cancelar la inscripción de sus hijos debido a la presión que esta medida podría generar.
El representante demócrata Arturo Alonso-Sandoval señaló que la comunidad está “asustada” ante la posibilidad de que las nuevas regulaciones afecten a los estudiantes inmigrantes indocumentados. La propuesta ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles y educadores, quienes consideran que la medida podría tener efectos negativos sobre el bienestar de los niños y las familias.
Impacto en la educación pública y en los derechos de los inmigrantes
El debate sobre el estatus migratorio de los estudiantes no es nuevo. En 2011, Alabama intentó implementar una medida similar que obligaba a las escuelas públicas a preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes. Sin embargo, la ley fue detenida temporalmente por un tribunal federal, lo que evidenció las tensiones entre las políticas de inmigración y los derechos educativos de los niños.
A pesar de las críticas, algunos sectores continúan defendiendo la idea de que las escuelas deben tener acceso a la información sobre el estatus migratorio de los estudiantes para poder asignar adecuadamente recursos y personal. Sin embargo, otros argumentan que la medida pone en peligro los derechos de los estudiantes indocumentados, quienes podrían sentirse amenazados y temer no poder acceder a la educación pública, a pesar de la normativa que les garantiza este derecho.
En ciudades santuario, como Chicago y Denver, los distritos escolares han emitido directrices para proteger a los estudiantes inmigrantes, lo que incluye negarse a colaborar con las autoridades federales, como ICE. En Chicago, por ejemplo, los agentes de ICE no pueden ingresar a las instalaciones educativas sin una orden judicial penal, lo que garantiza una mayor protección para los estudiantes indocumentados.
