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Este jueves, un juez federal calificó como «descaradamente inconstitucional» el decreto del presidente Donald Trump que busca terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. En consecuencia, emitió una orden de restricción temporal para bloquear la implementación de la política. El juez John Coughenour, nombrado por Ronald Reagan y con sede en Seattle, concedió la solicitud del fiscal estatal de Washington, Nick Brown, y otros tres estados liderados por demócratas para frenar la medida durante los próximos 14 días, mientras se llevan a cabo más reuniones informativas sobre el desafío legal.
La batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.
La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento se intensificó luego de que Trump anunciara su intención de poner fin a este derecho constitucional, algo que había mencionado desde su primer mandato. La decisión fue considerada por muchos como una violación directa de la 14.ª Enmienda de la Constitución, que establece que todos los niños nacidos en suelo estadounidense son ciudadanos, «y sujetos a su jurisdicción».
El juez Coughenour, con más de cuatro décadas de experiencia en tribunales, no dudó en calificar la cuestión legal planteada como «tan clara» que se preguntó: «¿Dónde estaban los abogados?» cuando se firmó el decreto. La sorpresa ante la controversia fue evidente, y Coughenour expresó que le «confundía» que un miembro del Colegio de Abogados pudiera afirmar que la orden era constitucional.
El nuevo presidente de EE.UU. tras su discurso de posesión, este 20 de enero de 2025, en el Capitolio de Washington. EFE/Morry Gash/Pool
La postura de Trump sobre el bloqueo judicial
El presidente Donald Trump reaccionó rápidamente a la decisión judicial y, desde la Oficina Oval, declaró que su gobierno apelaría la orden del juez. “No, obviamente apelaremos”, comentó Trump. “Lo pusieron ante un cierto juez en Seattle, supongo, ¿verdad? Y no hay sorpresas con ese juez”.
Por otro lado, los estados que se oponen a la medida, todos liderados por demócratas, buscan una orden de restricción temporal, argumentando que el decreto de Trump es una violación flagrante de la 14ª Enmienda. Este artículo de la Constitución garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en los Estados Unidos, sin importar el estatus legal de sus padres.
La defensa de los estados en contra del decreto de Trump
El abogado del estado de Washington, Lane Polozola, subrayó que “los nacimientos no se pueden pausar” mientras el tribunal resuelve el caso. Según Polozola, los bebés nacidos durante la disputa legal quedarán bajo una “nube sobre su ciudadanía”, afectando a largo plazo sus derechos y beneficios, lo que podría traerles «impactos negativos sustanciales».
Polozola también expresó su preocupación de que la administración de Trump no solo ignoró los daños potenciales en su argumentación, sino que parece que ese daño “es el propósito” del decreto. Los estados demandantes, incluido Washington, argumentan que la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento no solo afectará a los niños directamente involucrados, sino que también tendrá un impacto financiero y logístico en sus programas estatales.
El presidente de EE.UU. pronuncia su discurso de posesión, este 20 de enero de 2025, en el Capitolio de Washington. EFE/Shawn Thew/Pool
El argumento de la administración Trump
Por su parte, el Departamento de Justicia, representado por Brett Shumate, defiende la política de Trump, argumentando que la cláusula «sujeta a su jurisdicción» de la 14ª Enmienda permite al presidente excluir de la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos cuyos padres no tengan estatus legal permanente en Estados Unidos.
Shumate, quien intervino en la audiencia, instó al juez a posponer la emisión de la orden de emergencia. Según él, las preocupaciones del tribunal eran comprensibles, pero pidió que no se tomara una decisión apresurada, ya que los otros casos relacionados con el mismo decreto avanzaban a un ritmo más lento. Aseguró que, aunque los estados que impugnan la política argumentan que existe un «daño inminente», la disputa todavía está en sus etapas iniciales.
