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Las Naciones Unidas (ONU) han señalado a Paraguay por cometer «graves violaciones» de los derechos humanos en relación con el homicidio de dos niñas de 11 años durante un operativo realizado en septiembre de 2020 por las Fuerzas Armadas, en un intento de desmantelar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La tragedia tuvo lugar en la ciudad de Yby Yaú, en el este del país, y las niñas fueron asesinadas en el marco de un enfrentamiento con la guerrilla.
Violación del derecho a la vida
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha exigido una investigación profunda por parte del Estado paraguayo, que, según denuncian, intentó encubrir lo que califica como una «ejecución» de las hermanas Lilian Mariana y María Carmen Villalba. A pesar de que se les hizo pasar como jóvenes de 15 y 18 años, las autopsias confirmaron que ambas víctimas solo tenían 11 años al momento de su muerte.
Los homicidios de las dos niñas fueron catalogados como una «grave violación del derecho a la vida», especialmente considerando la implicación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado, la unidad militar que operaba en la zona. El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que las autoridades paraguayas no llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los hechos. «Es fundamental que se realice una indagatoria transparente y eficaz sobre este caso para determinar las responsabilidades», mencionaron desde la ONU.
Vista de una votación en la Asamblea General, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane
La exhumación de los cuerpos y la confirmación de la edad
Tras el entierro apresurado de las víctimas, la Justicia paraguaya ordenó la exhumación de los cuerpos tres días después del operativo. Los resultados de la autopsia confirmaron que las niñas eran menores de edad y que habían recibido disparos en varias partes de sus cuerpos, lo que refuerza la acusación de que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
El informe del Comité también subraya que el Estado paraguayo no cumplió con su obligación de realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte de las niñas. «El hecho de que las autoridades no hayan actuado con la debida diligencia para esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación imparcial es un claro indicio de la falta de compromiso con los derechos humanos en el país», agrega el informe.
Investigación independiente de la ONU
El Comité de los Derechos del Niño ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado su propia investigación bajo sus protocolos. En este proceso, se ha entrevistado a más de treinta personas, entre testigos y funcionarios, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La ONU también ha señalado que, aunque no se han encontrado pruebas suficientes para afirmar que esta sea una práctica sistemática, el caso particular de las hermanas Villalba es, sin duda, una violación grave de los derechos humanos.
A pesar de estas conclusiones, el Comité destacó que la responsabilidad del Estado paraguayo es evidente, debido a su falta de acción para garantizar una investigación efectiva y la rendición de cuentas por lo sucedido. El informe también señala que las víctimas, en su condición de niñas, estaban bajo la protección especial de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que hace aún más grave el caso.
Vista de una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una fotografía de archivo. EFE/ Matt Campbell
Respuesta del gobierno paraguayo
En respuesta a las conclusiones del informe de la ONU, el gobierno de Paraguay ha rechazado las acusaciones y defendido las acciones de las Fuerzas Armadas, alegando que actuaron en «legítima defensa proporcional». Según las autoridades, el operativo estaba dirigido a combatir al EPP, una organización guerrillera responsable de múltiples ataques en el país, y las niñas habrían estado involucradas indirectamente con los miembros de este grupo.
El gobierno paraguayo también ha subrayado su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, asegurando que cooperará con las investigaciones en curso. Sin embargo, las autoridades han insistido en que las acciones del Ejército fueron legítimas, dados los riesgos que representaba el enfrentamiento con la guerrilla en esa zona del país.
