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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de decretos el primer día de su segundo mandato, incluyendo uno que ha generado controversia en torno a la ciudadanía por nacimiento. Esta medida, denominada “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, busca redefinir este derecho fundamental, que ha sido parte de la Constitución de EE. UU. desde 1868. El decreto plantea modificar el principio del ius soli, o derecho de nacimiento, que garantiza la ciudadanía automática a los nacidos en territorio estadounidense.
La polémica sobre la ciudadanía por nacimiento
La ciudadanía por nacimiento es un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Según esta enmienda, cualquier persona nacida en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres, adquiere la ciudadanía estadounidense. Esta disposición fue diseñada en 1868 para garantizar la ciudadanía a los hijos de los esclavos emancipados, asegurando que no quedaran excluidos de los derechos civiles.
Trump ha planteado que la ciudadanía por nacimiento no debería aplicarse a los hijos de inmigrantes indocumentados, argumentando que estos niños no están “sujetos a la jurisdicción” de EE. UU. Esto se basa en una interpretación más estricta de la 14ª Enmienda, que algunos legalistas afirman no se refería a los hijos de inmigrantes ilegales. Este decreto ha sido rápidamente impugnado por gobiernos locales y grupos de derechos civiles, que lo ven como una amenaza para millones de personas.
EFE/EPA/Allison Dinner
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento y cómo funciona en EE. UU.?
La ciudadanía por nacimiento o ius soli, que otorga la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense, se encuentra en el corazón de la discusión actual sobre inmigración. Estados Unidos es uno de los pocos países que mantiene este principio de manera universal. Esta norma contrasta con el sistema ius sanguinis (derecho de sangre) que prevalece en la mayoría de los países europeos, donde la nacionalidad se transmite a través de los padres, independientemente de dónde nazcan los hijos.
Además de Estados Unidos, otros países en América, como México y Canadá, también aplican la ciudadanía por nacimiento. A nivel global, aproximadamente 30 naciones siguen este principio, aunque muchos otros adoptan una combinación de ius soli y ius sanguinis, permitiendo que los hijos de ciudadanos sean reconocidos como nacionales, incluso si nacen fuera del país.
El decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
El decreto firmado por Trump plantea que la 14ª Enmienda no debe interpretarse como un otorgamiento automático de ciudadanía a todos los nacidos en EE. UU. El presidente ha argumentado que la enmienda originalmente no incluía a los hijos de inmigrantes ilegales. Además, el decreto establece que la medida se aplicará a los niños nacidos en EE. UU. cuyos padres estén en el país de forma ilegal o temporal, como turistas con visa.
Los expertos legales han cuestionado la constitucionalidad de esta interpretación, argumentando que la 14ª Enmienda fue escrita para asegurar que los hijos de inmigrantes recibieran la ciudadanía, no para excluirlos. La medida también ha enfrentado resistencia de varios estados gobernados por demócratas, que han prometido llevar el asunto ante los tribunales.
¿Puede Trump cambiar la Constitución de EE. UU.?
Uno de los puntos clave en la discusión es si Trump tiene la autoridad para modificar un derecho constitucional mediante un decreto ejecutivo. La respuesta, según expertos legales, es no. Modificar la 14ª Enmienda requiere una enmienda constitucional, un proceso mucho más complejo y que no ha tenido lugar en más de 30 años.
Una enmienda constitucional debe ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso o por una Convención Constitucional que sea convocada por dos tercios de los estados. Este proceso, aunque legalmente posible, es extremadamente difícil de lograr.
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Impacto del decreto en la ciudadanía por nacimiento
El impacto del decreto de Trump en la ciudadanía por nacimiento sería significativo, especialmente para los hijos de inmigrantes indocumentados. Si se implementa, podría afectar a millones de personas nacidas en EE. UU., quienes perderían su derecho a la ciudadanía. Esto podría desencadenar una ola de demandas legales y una revisión de la interpretación de la 14ª Enmienda en los tribunales.
Además, según algunos expertos, este cambio podría generar un clima de miedo entre los inmigrantes, quienes temen que sus hijos sean despojados de su ciudadanía o se enfrenten a barreras adicionales para acceder a servicios públicos como la educación o la salud.
Las perspectivas legales y políticas sobre la ciudadanía por nacimiento
Los analistas coinciden en que, si bien Trump podría generar una gran cantidad de litigios, cambiar el principio de ciudadanía por nacimiento será un desafío legal. La Corte Suprema de EE. UU. ya se ha pronunciado sobre este tema en el caso Wong Kim Ark en 1898, cuando se dictaminó que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía automática a todas las personas nacidas en EE. UU., sin excepciones. Este precedente ha sido interpretado de la misma manera durante más de un siglo.
Aunque Trump puede intentar reabrir este debate legal, muchos consideran que la Corte Suprema será reacia a cambiar una interpretación tan consolidada de la ley. Sin embargo, el proceso podría ser largo y complejo, con efectos inmediatos en la política migratoria y en el clima social de Estados Unidos.
